El anuncio se vistió de «esfuerzo extraordinario»: el mandatario reconoció que el reajuste legal por ley basado en el IPC (del 2,4%, unos escuálidos G. 69.577) era un insulto para la clase trabajadora. ¿La solución política? Duplicar la apuesta y fijar el aumento en un 5%. Con este movimiento, el salario mínimo subirá G. 144.952, elevando el piso legal a G. 3.044.000.
Aunque Peña presentó la decisión como un “equilibrio” que cuida la macroeconomía y que incluso molestará al sector empresarial, la realidad es que la cifra se queda a años luz de las pretensiones de los trabajadores. Los más de 144.000 guaraníes de aumento representan apenas una cuarta parte de los 600.000 guaraníes que el sector obrero considera el «piso real» para enfrentar el costo de vida actual.
El Gobierno tardó semanas en dar una respuesta que, bajo el brillo de la narrativa del «doble de inflación», esconde la misma receta de siempre: un ajuste que estabiliza los grandes números del Estado, pero que sigue “sin alcanzar para llenar el carrito del supermercado”, según los sindicalistas.