Ante la controversia por el informe del Banco Central del Paraguay (BCP) remitido al Senado este jueves sobre operaciones de varias entidades bancarias, pidió a los legisladores y a los actores involucrados actuar con prudencia y evitar la difusión de información que pueda distorsionar el alcance de los procedimientos regulatorios.
“Ha sido un desborde de una cuestión eminentemente técnica en el ámbito del Banco Central que se ha llevado a un ambiente político, como es el Congreso de la Nación y específicamente el Senado”, manifestó Peña durante una rueda de prensa. A su criterio, la controversia dejó de ser una discusión sobre supervisión bancaria para convertirse en un cuestionamiento público a la credibilidad del sistema financiero nacional.
El mandatario sostuvo que las consecuencias van más allá de la disputa política, porque pueden afectar la confianza de los ahorristas, el acceso al crédito y las decisiones de las empresas que evalúan invertir, contratar personal o ampliar sus operaciones. “Todo esto, que parecería ser simplemente una pelea política, luego tiene consecuencias económicas, financieras”, advirtió.
DEFENDIÓ LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL BANCO CENTRAL
Peña recordó que inició su carrera profesional en el Banco Central hace 26 años, en el Departamento de Estudios Económicos, y que posteriormente integró el directorio de la institución en 2012.
También destacó las reformas regulatorias impulsadas durante su gestión como ministro de Hacienda en 2017, cuando, según señaló, se avanzó en la actualización de la normativa bancaria y en la incorporación de estándares internacionales vinculados a Basilea III.
Con esos antecedentes, afirmó que no tiene dudas sobre la capacidad legal y técnica del BCP para supervisar las entidades financieras y ejecutar la política monetaria. Destacó, además, que se trata de una institución con rango constitucional y personal altamente especializado.
El jefe de Estado insistió en que las actuaciones de supervisión deben comprenderse dentro de su contexto técnico. Explicó que las entidades financieras están sujetas a distintos niveles de seguimiento, según sus características y su importancia dentro del sistema, y que las inspecciones pueden derivar en recomendaciones, reclasificaciones o procedimientos administrativos.
En ese sentido, remarcó que la apertura de un sumario no implica automáticamente que una entidad bancaria será intervenida o cerrada. “Ahí es donde yo digo que esto es un tema eminentemente técnico, que mal comunicado y mal informado lo único que hace es atemorizar a la gente”, expresó.
CUESTIONÓ LA DIVULGACIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS
Consultado sobre un memorándum mencionado en la controversia, Peña afirmó que no tenía conocimiento de ese documento y sostuvo que, según la información que manejaba, no había sido remitido oficialmente mientras el funcionario involucrado permanecía en su cargo.
De acuerdo con su explicación, el documento habría sido enviado por correo electrónico después de que el funcionario dejara sus funciones y asumiera otro cargo en una institución diferente.
Por ello, consideró que el Banco Central debe esclarecer internamente lo ocurrido y determinar cómo se produjo la circulación de información que, según indicó, tenía carácter reservado. “Lastimosamente, ese documento interno, secreto, que nunca llegó de manera oficial, apareció un día en la tapa de un medio de comunicación”, afirmó.
El presidente cuestionó que cuestiones regulatorias se trasladen al terreno de la confrontación pública sin suficiente explicación técnica. También sostuvo que la coincidencia de intereses empresariales entre propietarios de bancos y medios de comunicación merece una reflexión sobre los efectos que puede tener esa concentración en el debate público.
No obstante, sus declaraciones constituyen la posición del mandatario frente a la controversia y no establecen por sí mismas las responsabilidades sobre la divulgación del documento ni las motivaciones de los actores involucrados.
CIFRAS DE RENTABILIDAD Y ACCESO AL CRÉDITO
Como parte de su argumentación, Peña señaló que las entidades bancarias acumularon ganancias por aproximadamente USD 680 millones hasta agosto, cifra que utilizó para destacar la rentabilidad del sector. También sostuvo que, en términos generales, las instituciones financieras presentan niveles elevados de liquidez, rentabilidad y solvencia patrimonial.
A partir de esos datos, planteó que el debate debe considerar el papel de la banca en el financiamiento de la economía y las dificultades que todavía enfrentan numerosos paraguayos para acceder al crédito.
El mandatario defendió la intervención del Estado cuando el mercado no ofrece respuestas suficientes a determinadas necesidades, especialmente en materia de inclusión financiera y acceso a la vivienda. Mencionó el programa Che Róga Porã como ejemplo de una política pública orientada a facilitar el financiamiento habitacional a familias que buscan dejar de alquilar para acceder a una vivienda propia.
Peña sostuvo que una eventual pérdida de confianza en las autoridades reguladoras podría debilitar su capacidad de supervisión y afectar las herramientas destinadas a promover el crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y las familias.
EL INFORME AL SENADO Y EL LLAMADO A LA SERENIDAD
La controversia se originó en los pedidos de informes formulados por el Congreso sobre operaciones de varias entidades financieras. El BCP remitió sus respuestas al Senado el 7 de octubre, en un documento entregado en sobre cerrado y sujeto al deber de confidencialidad invocado por la institución.
Peña afirmó que el Banco Central respondió en tiempo y forma y destacó la importancia de que los legisladores puedan formular sus preguntas directamente a los técnicos y responsables de la supervisión bancaria. “Yo lo que quiero pedir es que nosotros apelemos a la cordura en este momento”, manifestó.
Añadió que el país necesita transmitir tranquilidad a trabajadores, empresarios y pequeños comerciantes, en lugar de alimentar una percepción de inestabilidad que pueda frenar decisiones económicas.
El mandatario también cuestionó que la disputa pueda terminar beneficiando a determinados intereses económicos mientras perjudica al conjunto de la ciudadanía. “Debemos tener cuidado de no agarrar algo tan sensible como es el ahorro de los trabajadores, los medios de pago, los mecanismos que permiten que una economía fluya y se desarrolle”, concluyó.
Su planteamiento central es que la fiscalización bancaria y el control parlamentario deben desarrollarse con responsabilidad, información contextualizada y respeto por las normas de confidencialidad, sin confundir procedimientos administrativos con una intervención bancaria ni convertir una discusión técnica en un factor adicional de incertidumbre económica.
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