El semáforo del km 47 de la ruta PY02 volvió a convertirse en escenario de muerte. Esta vez, un camión volquete Scania habría quedado sin frenos y, sin posibilidad de detenerse, embistió violentamente a varios vehículos que aguardaban la luz roja.
El impacto fue devastador. Un Toyota Ractis quedó completamente destruido e incinerado y sus cuatro ocupantes murieron calcinados: Los fallecidos fueron identificados como Fátima Silva y Marcelo Ávalos, quienes prestaban servicios en la Cámara de Senadores, además de dos de sus hijos: Fernando (18) y Fátima (9).
A ellos se sumó posteriormente María Concepción Domínguez, quien falleció este domingo en un hospital como consecuencia de las heridas sufridas en el accidente. Otras siete personas resultaron heridas, entre ellas dos niñas menores de edad que fueron trasladadas a Urgencias Pediátricas de Itauguá.
La magnitud de la tragedia vuelve inevitable la comparación con lo ocurrido en setiembre de 2024, cuando otro camión, en aquella ocasión un transganado que también habría sufrido problemas con los frenos, arrolló a varios vehículos en el mismo sector. El saldo fue de seis personas fallecidas, además de heridos y millonarios perjuicios materiales.
Dos tragedias, prácticamente en el mismo escenario y con un factor común que vuelve todavía más preocupante la situación: vehículos pesados que pierden el control al llegar a un punto donde otros automovilistas quedan prácticamente indefensos.
La pregunta ya no puede limitarse a quién tuvo la culpa en cada accidente. La investigación deberá determinar responsabilidades concretas en este nuevo caso, pero también corresponde preguntar qué medidas estructurales fueron adoptadas después de la tragedia de 2024 y por qué, casi dos años después, Pedrozo sigue exponiendo a conductores y pasajeros a un riesgo semejante.
PREGUNTAS QUE NO TIENEN RESPUESTAS OFICIALES
Si las autoridades conocían la peligrosidad de este tramo, ¿qué se hizo para reducirla? ¿Se reforzaron los controles sobre el estado mecánico de los vehículos pesados? ¿Se evaluó, al menos, modificar la infraestructura del lugar? ¿Se implementaron mecanismos efectivos para evitar que un camión sin frenos llegue a toda velocidad hasta los vehículos detenidos ante el semáforo?
No alcanza con lamentar las muertes, desplegar ambulancias después del impacto y abrir una investigación cada vez que ocurre una tragedia. La verdadera obligación del Estado es prevenir que estas tragedias vuelvan a ocurrir.
Pedrozo ya dio una advertencia brutal en 2024. La muerte volvió a cobrar vidas en 2026. Y si después de dos accidentes de esta magnitud el problema continúa sin una solución definitiva, la discusión deja de ser solamente sobre accidentes de tránsito y pasa a involucrar también la responsabilidad de las autoridades encargadas de garantizar una ruta segura.
Mientras las familias lloran a sus muertos y otras permanecen junto a sus seres queridos hospitalizados, queda una deuda pendiente: que el próximo semáforo en rojo de Pedrozo no vuelva a convertirse en una sentencia de muerte.