La disputa se origina en el desacuerdo sobre las condiciones de suministro eléctrico para la planta de producción de amoníaco y fertilizantes verdes que ATOME proyecta instalar en Villeta, una inversión estimada en US$ 665 millones y que la compañía considera lista para avanzar, con financiamiento internacional comprometido.
La notificación presentada este 17 de septiembre sostiene que determinadas actuaciones y omisiones del Estado paraguayo habrían vulnerado las protecciones previstas en el tratado bilateral de inversiones.
Entre los hechos señalados por la empresa figura la revocación de decretos presidenciales que respaldaban el proyecto y establecían condiciones de plazo y tarifa para el contrato de compraventa de energía (PPA).
El punto de mayor tensión está en el precio de la electricidad. ATOME había defendido una tarifa de alrededor de US$ 30 por MWh, mientras que dentro de la ANDE se planteó que el costo técnico de generación se ubica alrededor de US$ 44 por MWh, argumento utilizado para advertir sobre el eventual impacto económico de una tarifa preferencial.
En agosto, la empresa presentó incluso una alternativa escalonada de US$ 35 por MWh durante los primeros cinco años y US$ 37 durante los siguientes cinco, sin que las negociaciones llegaran a una definición.
El conflicto no comenzó ahora. En mayo de 2022, ANDE y ATOME habían firmado un contrato de conexión y suministro de energía para la futura planta de hidrógeno y amoníaco en Villeta.
Posteriormente, el proyecto avanzó hasta alcanzar en 2026 su decisión final de inversión, con un paquete de financiamiento de aproximadamente US$ 665 millones, respaldado por bancos e instituciones financieras internacionales.
La situación escaló después de que el Gobierno dejara sin efecto los decretos que habían establecido condiciones tarifarias para el proyecto. Desde entonces, la empresa y la ANDE mantuvieron negociaciones para intentar reencauzar el acuerdo, mientras el Gobierno conformó grupos de trabajo para revisar el régimen tarifario y las condiciones necesarias para atraer grandes inversiones vinculadas al consumo de energía.
ATOME sostiene ahora que la controversia podría derivar en uno de los mayores reclamos de inversión contra el Estado paraguayo bajo un tratado bilateral. La compañía no divulgó todavía el monto exacto de una eventual demanda, pero indicó que un experto internacional independiente estimó que el reclamo potencial sería de varios cientos de millones de dólares y podría situarse entre los mayores planteados contra Paraguay bajo este tipo de tratados.
El tratado entre Paraguay y el Reino Unido contempla expresamente el mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados y reconoce al CIADI como uno de los foros posibles.
ATOME plantea, por ahora, una etapa de negociación. El Estado paraguayo dispone de 90 días para intentar evitar que el conflicto pase a la instancia arbitral internacional. Si no se alcanza una solución considerada viable por la compañía, ATOME anunció que presentará el reclamo ante el CIADI.
El caso abre así otro serio desafío para el Estado paraguayo en materia de seguridad jurídica, cumplimiento de compromisos y atracción de inversiones, en momentos en que el país busca posicionarse como destino para grandes proyectos industriales intensivos en energía.
El desenlace tendrá además una dimensión económica: no solo está en juego el futuro de una inversión de US$ 665 millones, sino también la eventual exposición del Estado a un millonario reclamo internacional.
Por ahora, no existe un laudo ni una decisión arbitral que determine responsabilidad del Paraguay. Se trata de una notificación de controversia y de una amenaza formal de arbitraje, por lo que las posiciones y alegaciones de ATOME deberán ser confrontadas con los argumentos y antecedentes que presente el Estado paraguayo.