En entrevista con RCC Radio, Griselda Yudice, vocera de OPAMA, explicó que la organización presentó una nota formal al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Juan Carlos Baruja, solicitando una reunión para plantear la implementación de este beneficio mediante el sistema de subsidios al transporte público.
Yudice sostuvo que la situación de los trabajadores despedidos es particularmente delicada, porque muchos quedaron repentinamente sin ingresos y ni siquiera llegaron a cobrar su último salario. Entre los más perjudicados mencionó a guardias de seguridad y trabajadores de limpieza, sectores que suelen percibir remuneraciones más bajas.
La vocera señaló que estas personas deben trasladarse constantemente al Ministerio de Trabajo para realizar reclamos laborales, acudir al Congreso para exigir respuestas, asistir a entrevistas laborales y cumplir con sus responsabilidades familiares. También recordó que muchos tienen hijos en edad escolar o universitaria y necesitan garantizar su asistencia a clases y exámenes, además de poder acceder a servicios de salud.
La propuesta de OPAMA consiste en que el Estado cubra temporalmente el costo de los pasajes, de manera similar al beneficio que ya se garantiza a las personas con discapacidad. La intención es que los trabajadores afectados puedan movilizarse sin tener que destinar dinero que actualmente no tienen.
Yudice también advirtió que las consecuencias de la crisis van mucho más allá de los 5.000 trabajadores que perdieron sus empleos. Según explicó, alrededor de tres millones de personas tenían algún tipo de vinculación con cuentas de ueno Bank, aunque con distintos niveles de afectación.
Entre los sectores perjudicados mencionó a trabajadores de plataformas y repartidores que utilizaban sus cuentas para recibir pagos, pequeños comerciantes y despensas que ahora deben volver a operar principalmente con dinero en efectivo. A su criterio, esta situación también representa un retroceso en los mecanismos de pago y dificulta las actividades comerciales cotidianas.
Otro aspecto que preocupa a la organización es el momento del año en que se produjo la crisis. Noviembre y diciembre representan meses especialmente sensibles para las familias trabajadoras, que esperan el aguinaldo para afrontar deudas, cubrir gastos acumulados, realizar arreglos en sus hogares o vehículos y atender compromisos familiares durante las fiestas.
La representante de OPAMA consideró que el Gobierno debe implementar diferentes mecanismos de asistencia para amortiguar las consecuencias económicas y sociales de la crisis, especialmente entre los sectores de menores ingresos.
Por el momento, la organización aguarda una respuesta del ministro Baruja y adelantó que insistirá con el pedido de reunión para buscar una solución.
La propuesta pone sobre la mesa una dimensión social de la crisis financiera que no debería quedar relegada: quienes perdieron sus empleos necesitan recursos para volver a trabajar, y hasta el costo de trasladarse para conseguir una nueva oportunidad puede convertirse en una barrera.














Dejá tu comentario