El proyectista explica que en los últimos tiempos ha sido testigo de un paulatino incremento de casos de desaparición de personas, en su forma de secuestro; así como de violencia sexual contra niños que, lamentablemente, en un gran número tuvo desenlaces fatales, generando gran impacto social, sobre todo para las familias afectadas.
“Está demostrado, por informes publicados por el Ministerio Público, que si bien el abuso sexual de niños se encuentra reglamentado en el Código Penal, éste ha ido en aumento a lo largo de los años, lo cual nos lleva a pensar que el poder coercitivo de la ley resulta insuficiente en lo que hace a la relación crimen y castigo”, expresa el documento.
En cuanto a los casos de secuestros, el proyectista dijo que, en la mayoría de los casos, no son con fines políticos sino extorsivos.
“La privación ilegal de la libertad, con fines extorsivos, constituye una violación a uno de los derechos más fundamentales del ser humano, consagrado como bien jurídico fundamental en el Código Civil y toda legislación actual, constituyendo un flagelo delictivo que carcome a su vez la libertad e individualidad de todos los habitantes de la sociedad, creando un ambiente de inseguridad, dañando no solo a la víctima, sino a la sociedad en su conjunto”, explicó.
El legislador explica, en su exposición de motivos, que resulta necesario implementar leyes más rígidas, con marcos penales que representen penas máximas, a fin de que las mismas personifiquen castigos equitativos al daño causado. Esta consiente que lejos de reparar el daño originado, servirá, sin embargo, para mitigar los efectos sociales que tan desdeñables actos causan de manera tan profunda.
En esencia, el presente proyecto de ley tiene por objeto elevar la expectativa del tipo penal a 30 años para los hechos punibles de secuestro de personas y abuso sexual de niños.
Por otro lado, dispone la creación de un registro de agresores sexuales, con fines identificatorios y estadísticos; lo mismo que un registro de secuestradores extorsivos, con los mismos fines.
“Cuando nos enfrentamos a hechos punibles que causan tanto impacto social y que involucran bienes jurídicos tan elementales, se renueva la necesidad de reflexionar sobre la posibilidad real de desarrollar todas las estrategias institucionales que estén a nuestro alcance, para obtener las formas más adecuadas de implementar las distintas sanciones, ahí radica la verdadera importancia de esta iniciativa”, dice, finalmente, la propuesta legislativa.
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