Las conversaciones en torno al reajuste del salario mínimo han llegado a un punto muerto. Las posturas de trabajadores y empresarios son absolutamente dispares y hasta el momento ha sido imposible llegar a un acercamiento; incluso los representantes sindicales suspendieron de manera indefinida las conversaciones con el sector patronal, que se niega a discutir cifras concretas.
Posiciones lejanas
Los sectores involucrados tienen opiniones son muy lejanas.
La principal discrepancia radica en las variables aplicadas para medir la pérdida del poder adquisitivo: los empresarios quieren ajustarse a rajatabla a la ley y esperar el dictamen cerrado del BCP, que llegaría en esta semana. De acuerdo con los índices de la banca central, el incremento del salario mínimo debería ser de unos G. 60.000.
Por su parte, el sector trabajador exige introducir nuevas variables de fondo y no regirse solo por el IPC. Según un estudio técnico desarrollado por los sindicatos que comprende la evolución del costo de vida desde 1989 hasta este año, el salario mínimo arrastra una pérdida histórica acumulada del 22.3%. Con esta base, piden el reajuste de salario del 20% (unos 647.000 guaraníes) y hablar de cifras concretas, algo que el sector empresarial no acepta.
El polémico IPC
En el centro de la discusión se encuentra el IPC, Índice de Precios al Consumidor, que, según la ley, es la base sobre la que debe efectuarse el reajuste. Se trata de un indicador que mide la evolución de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del gasto de consumo de los hogares residentes en el área urbana del Área Metropolitana de Asunción, utilizando una muestra de 450 productos
Los trabajadores cuestionan este índice, afirmando que incluye bienes que no tienen que ver con la realidad de la clase obrera. Plantean diseñar una nueva canasta básica, que tenga entre 80 y 120 artículos de primera necesidad, enfocada en alimentación (que, según sus datos, consume el 78% del salario mínimo actual), salud, educación, vivienda y transporte.
Además, señalan que Conasam no puede ser un simple organismo que se reúne una vez al año para convalidar los informes de inflación, sino que debe monitorear y controlar precios (al igual que comisiones salariales vigentes en Uruguay, Brasil o Chile). Insisten también en desindexar el salario, para frenar el impacto colateral por el cual la suba del sueldo mínimo genera automáticamente un incremento en las tasas judiciales, multas municipales e impuestos inmobiliarios.
Al decidir retirarse de las conversaciones, las centrales sindicales solicitaron una audiencia de carácter urgente con el presidente de la República, Santiago Peña, quien finalmente será el responsable de decidir el monto del reajuste que regirá desde el mes de julio.
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