Es más, la CAFyM alerta que la “arbitraria” decisión del Gobierno argentino puede traducirse en aumentos de precios al consumidor final y un riesgo real de desabastecimiento estructural, y aunque el Gobierno del Paraguay ha solicitado la suspensión inmediata de la medida, una respuesta positiva de parte del Gobierno argentino puede llevar varias semanas, según fuentes oficiales locales.
En ese sentido, el gremio ha expresado su rechazo y profunda preocupación ante la medida anunciada por la Argentina, de suspender las operaciones en el punto mencionado, utilizado ininterrumpidamente por nuestro país durante más de tres décadas, bajo la Ordenanza Marítima N° 4/81, con la debida autorización de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y el control de las autoridades aduaneras.
Señala asimismo que la citada ubicación ha sido considerada como una “zona operativamente segura, eficiente y económicamente viable” para el trasbordo de hidrocarburos entre buques (de ultramar) y fluviales, con destino a Paraguay.
CAFYM sostiene que la decisión de ARCA se basa en una “interpretación errónea” de la Ley 24.093 y desconoce la competencia de la Prefectura Naval sobre las zonas de alijo. Además, denuncia que la resolución fue tomada sin consulta previa, ni una evaluación de impacto logístico, ambiental o económico.
Entre las consecuencias más inmediatas, advierte sobre riesgos de congestión en otras terminales, necesidad de trasbordos adicionales en zonas sin infraestructura adecuada y un mayor impacto ambiental. También alerta que este cambio forzoso implicaría operar en el Paraná de las Palmas, lo que aumentaría significativamente los costos y la complejidad operativa.
El Centro solicita con urgencia que se revierta esta medida “arbitraria” y se restablezca la operativa en el km 171, al tiempo de pedir que cualquier revisión futura se encare mediante un proceso de diálogo técnico e institucional con todas las partes involucradas. Advierte que el abastecimiento energético de Paraguay, un país sin salida al mar, no puede depender de decisiones unilaterales que afectan directamente el interés público regional. Remarca que la estabilidad del sistema de transporte fluvial y la seguridad energética del país están en juego”, asevera en un comunicado el citado gremio.
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