En una decisión que ha sido recibida con indignación y sorpresa, el director general interino del Instituto Nacional del Cáncer (INCAN), Dr. Raúl Doria, ha emitido la disposición número 17/2024, mediante una circular, que restringe drásticamente las prescripciones médicas. Según esta controvertida norma, los médicos no podrán recetar medicamentos ni solicitar estudios complementarios que no se encuentren disponibles en el hospital.
El Círculo Paraguayo de Médicos ha expresado su profunda preocupación y rechazo, calificando esta medida como un «menoscabo del juicio profesional del especialista«. En un comunicado a la opinión pública y a las autoridades sanitarias, el gremio médico subraya que esta disposición intenta subordinar el criterio del médico tratante a las decisiones del jefe superior inmediato, lo cual consideran una grave interferencia en su labor profesional.
A pesar de una circular posterior que aclara que la autorización previa se aplicará solo a estudios complejos y de alto costo, así como a medicamentos oncológicos fuera del listado de esenciales del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la polémica sigue creciendo. Los médicos denuncian que esta limitación no solo afecta su capacidad de brindar un tratamiento adecuado, sino que también pone en riesgo la vida de los pacientes al priorizar los recursos disponibles sobre el criterio científico y el bienestar del enfermo.
«Emitir una norma de tales características es un atentado contra los principios éticos de la profesión médica y el juramento hipocrático,» afirma el comunicado del Círculo Paraguayo de Médicos. «Los pacientes merecen y requieren que los estudios o medicamentos necesarios se consigan, sea en el ámbito público o privado, para cumplir con la obligación de medios que es inherente a la práctica de la medicina.»
La reacción del gremio médico ha sido contundente. Argumentan que el cumplimiento de esta disposición podría derivar en complicaciones graves de las patologías y, en el peor de los casos, responsabilidades penales recaerán sobre los médicos, no sobre la institución que impuso estas limitaciones.
El llamado es claro: se insta al Dr. Raúl Doria y a las autoridades sanitarias a reconsiderar esta disposición, priorizando la salud y el tratamiento adecuado de los pacientes oncológicos. La comunidad médica y los pacientes esperan una respuesta que garantice un servicio de salud ético y de calidad.
