En entrevista con RCC Radio, Riveros afirmó que los manifestantes, en su mayoría adultos mayores, permanecen en un espacio precario, expuestos al frío, la lluvia y otras inclemencias climáticas, situación que, según indicó, ya provocó varios problemas de salud.
La funcionaria citó como ejemplo el caso de Bernabé Garay, de 90 años, quien sufrió una descompensación y debió ser trasladado de urgencia a un hospital. Señaló además que, posteriormente, las autoridades habrían constatado que el hombre registraba una orden de captura por una causa judicial relacionada con un presunto hecho de abuso sexual de menores.
Riveros sostuvo que existe una utilización indebida de los adultos mayores para fines particulares y calificó como grave la exposición de este sector vulnerable. «No es la forma ni el grupo poblacional que debe ser utilizado para beneficios personales», expresó.
Según explicó, los manifestantes exigen que la pensión estatal alcance a personas desde los 65 años y que el monto sea equivalente a un salario mínimo. Sin embargo, recordó que la legislación vigente establece una incorporación gradual de beneficiarios, conforme a la disponibilidad presupuestaria.
La directora indicó que actualmente el programa se encuentra reduciendo progresivamente la edad de acceso y que ya alcanza a personas de 68 años. Añadió que cualquier modificación para incluir a ciudadanos de 65 años requeriría una reforma legal y la asignación de mayores recursos por parte del Congreso.
Respecto al reclamo de elevar la pensión hasta el salario mínimo, advirtió que el impacto financiero sería considerablemente superior al actual y podría comprometer la sostenibilidad de un programa que hoy representa cerca del 60% del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social.
Riveros también aseguró que los grupos que participan de la protesta son rotativos y provienen de distintos puntos del país. Asimismo, identificó a Elías Cabral como uno de los principales referentes de la movilización y sostuvo que existen intereses políticos detrás de las manifestaciones.
Por otra parte, reconoció que Paraguay enfrenta un acelerado proceso de envejecimiento poblacional y consideró necesario impulsar políticas públicas más amplias e integrales para responder a las necesidades de los adultos mayores.
En ese sentido, señaló que históricamente la atención a este sector estuvo centrada en el aspecto médico y asistencial, pero que el país debe avanzar hacia una visión más gerontológica, que contemple también aspectos sociales, económicos y de bienestar integral.
Finalmente, destacó la importancia de fortalecer la planificación estatal para atender a una población adulta mayor cada vez más numerosa y garantizar mejores condiciones de vida para este grupo de ciudadanos.















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