La crítica principal apunta a la inseguridad judicial que obstaculiza el clima de inversión; asimismo afirma que la infracción de marcas y la falsificación son moneda corriente, mientras que la corrupción rampante y la impunidad de los funcionarios públicos socavan la confianza en el Estado de derecho.
Menciona que a lo largo de muchos años, el Gobierno paraguayo ha adoptado varias medidas para mejorar el clima de inversión, entre ellas la aprobación de leyes que abordan el blanqueo de dinero, la competencia, la divulgación de las nóminas del sector público y el acceso a la información.
“Sin embargo, varias empresas estadounidenses siguen teniendo problemas para trabajar con las oficinas gubernamentales para resolver las disputas sobre inversiones, incluida la falta de voluntad del Gobierno para pagar las deudas contraídas”, relata parte del informe.
«La legislación paraguaya prevé sanciones penales para la corrupción de funcionarios públicos; sin embargo, “la impunidad impide su aplicación efectiva. Históricamente y en la actualidad, funcionarios de todas las ramas y niveles del gobierno incurren en prácticas de corrupción», afirma parte del informe.
“A muchos inversores les resulta difícil hacer cumplir los contratos y se sienten frustrados por los largos procedimientos burocráticos, la limitada transparencia y rendición de cuentas y la impunidad. Una tendencia reciente es que las empresas privadas insisten en el arbitraje para la resolución de disputas y pasan por alto por completo el sistema judicial”, expresa parte del informe.
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