En un comunicado oficial emitido este viernes, la Corte Suprema de Justicia detalló que la implementación de dispositivos electrónicos de control, conocidos como tobilleras electrónicas, se encuentra en su fase inicial y requerirá la aprobación de protocolos e instructivos reglamentarios para su correcta aplicación.
De acuerdo con las Leyes N° 5863/24 y N° 7820/24, estas herramientas tienen como propósito principal fortalecer la supervisión judicial, garantizando la seguridad de las víctimas y respetando los derechos de las personas procesadas.
Plan piloto en la Capital
El comunicado detalla que la puesta en marcha comenzará con un plan piloto en la Circunscripción Judicial de la Capital, con proyecciones de ampliación gradual. Como parte de este proceso, se integrará un sistema de alerta voluntario para víctimas, que reforzará su seguridad y garantizará la privacidad de sus datos personales.
Protocolo pendiente de aprobación
Hasta que se aprueben los lineamientos reglamentarios necesarios, la Corte ha solicitado a los magistrados aguardar dichas directivas antes de aplicar estas medidas, asegurando que la implementación se alinee con lo establecido en las leyes vigentes.
Modernización y compromiso con los derechos humanos
La Corte Suprema reafirmó su compromiso con la modernización del sistema judicial, destacando que esta herramienta tecnológica busca servir a la justicia, proteger a la sociedad y fomentar la transparencia en el cumplimiento de la ley. Asimismo, instó a todos los actores del sistema judicial a adherirse estrictamente a los protocolos que serán establecidos.
Resolución del Tribunal de Apelación
El comunicado llega tras la resolución del Tribunal de Apelación de feria de Central, que dispuso la aplicación de una tobillera electrónica a un procesado por supuesta violencia familiar, quien cumplirá arresto domiciliario bajo esta medida.
La Corte resaltó que la implementación de las tobilleras electrónicas representa un paso importante hacia un sistema de justicia más moderno y seguro, equilibrando la protección de las víctimas y los derechos de los procesados.
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