Mendoza señaló que la reunión permitió aclarar diferencias sobre la interpretación de deudas y consolidar compromisos para regularizar los retrasos acumulados, que actualmente rondan los cuatro a cinco meses. Afirmó que el Gobierno reconoció el impacto económico del programa, que beneficia a un millón de niños e involucra a una extensa cadena de proveedores, desde cocineras y auxiliares hasta productores agrícolas y distribuidores.
El vocero recordó que los recursos provienen del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (FONAE), compuesto por aportes de Itaipú Binacional y destinado exclusivamente a garantizar alimentación escolar en todo el país. Reiteró que estos fondos se encuentran “blindados”, aunque admitió que los retrasos se debieron a fallas administrativas y a la implementación del nuevo Sistema Integrado de Alimentación Escolar (CIAE), que recién este mes comenzó a operar plenamente.
Mendoza explicó que el CIAE —aún en fase de desarrollo en algunos módulos— busca automatizar confirmaciones de raciones, ordenar pagos y reducir la burocracia, especialmente en gobernaciones donde aún se opera con procesos manuales y pagos mediante cheques. El Gobierno, aseguró, se comprometió a agilizar estos trámites y a incluir al sector privado en una mesa de diálogo mensual junto a Educación, Desarrollo Social, Economía, Trabajo y Contrataciones Públicas.
Durante la entrevista, se abordó también la importancia de incorporar mayor tecnología al control del servicio, como sistemas digitales de registro por alumno, que permitirían evitar desperdicios y mejorar la precisión de las raciones efectivamente servidas.
En cuanto a los costos financieros, Mendoza alertó que el costo del dinero aumentó entre 12% y 16% en el último año, afectando a los proveedores que deben asumir créditos para mantener la cadena alimentaria. Señaló que el Ejecutivo prometió gestionar, a través del Banco Nacional de Fomento, una línea de financiamiento especial para evitar rupturas en los pagos a productores.
Sobre la universalización del servicio, recordó que el programa actualmente cubre alrededor del 85% del calendario escolar, unas 180 jornadas efectivas. Reconoció la preocupación existente en zonas vulnerables, donde la alimentación escolar es esencial, especialmente durante el receso escolar. En ese sentido, el Ministerio de Desarrollo Social analiza la implementación de campamentos o programas de verano para garantizar comidas los 365 días del año a los niños de comunidades más carenciadas.
Mendoza destacó que los contratos actuales contemplan la donación obligatoria de los alimentos no consumidos a hogares de ancianos, comunidades religiosas u organizaciones sociales, lo que elimina los desvíos que en años anteriores derivaron en investigaciones penales.
Finalmente, valoró la apertura del Gobierno al diálogo y adelantó que presentarán modelos regionales exitosos —como el sistema chileno, que paga el 90% de la factura por adelantado— para mejorar la eficiencia y sostenibilidad del programa. Recalcó que Hambre Cero no solo cumple una función social, sino que moviliza a toda la economía local.
Dejá tu comentario