“Jubilación VIP” de parlamentarios es vista como una «gran injusticia» por la ciudadanía

La Ley Nº 6.112/18 regula el Fondo de Jubilaciones y Pensiones para miembros del Poder Legislativo, con cuatro modalidades: ordinaria, extraordinaria, invalidez y especial. Para la Jubilación Extraordinaria se accede con 10 años de aporte (dos periodos legislativos), y desde los 55 años el legislador puede jubilarse con un haber equivalente al 60 % del promedio de dietas y gastos de representación de los últimos 60 meses.

A la Jubilación Ordinaria, tras 15 años de aporte (tres periodos legislativos), a los 55 años, recibe el 80% del promedio de ingresos de los últimos 60 meses. En el régimen anterior (previo a la ley 6.112/18), algunos exparlamentarios se jubilaban con solo un periodo (5 años de aporte), cobrando automáticamente pensiones.

Cada parlamentario recibía G. 29.606.840 mensuales en dieta más unos G. 3.168.000 en gastos de representación (total aproximado G. 32.774.840). Sin embargo, en el Presupuesto 2025, se auto asignaron un aumento mensual de G. 6.000.000, llevando sus ingresos a alrededor de G. 38.774.840 mensuales.

Ante esta situación, actualmente, se proyectan “intentos” cambios legislativos en 2025 para endurecer los requisitos de la “Jubilación VIP”. Por otro lado, a nivel social y sindical hay un fuerte rechazo a las reformas que impulsa reformas encaminadas a promover mayor equidad en el sistema jubilatorio en general (Caja Fiscal, IPS, etcétera).

PRINCIPALES CRÍTICAS A EL SISTEMA “VIP”

1. Privilegio injustificado: Se considera un régimen de privilegio que no guarda relación con la realidad del resto de los trabajadores del país, ya que mientras un ciudadano común necesita entre 25 a 30 años de aporte y haber cumplido 60 o más años para jubilarse, un legislador puede hacerlo con solo 10 o incluso 5 años (en el régimen anterior), a los 55 años.
2. Causa de desequilibrio fiscal: Los aportes realizados por los legisladores no alcanzan a cubrir ni siquiera una fracción de los montos que perciben durante la jubilación. Estudios financieros señalan que el fondo legislativo necesita subsidios estatales, es decir, recursos de todos los contribuyentes para sostenerse. Según los datos oficiales, un legislador aporta G. 1.400 millones en 15 años, pero recibiría más del doble si vive 15 años más como jubilado. La diferencia la paga el Estado.
3. Contraste con la jubilación del IPS: El sistema del Instituto de Previsión Social (IPS), que cubre a la mayoría de los trabajadores, es mucho más exigente en requisitos y genera pensiones más bajas. Mientras un parlamentario puede jubilarse con el 80% del promedio de sus ingresos más altos, un trabajador común cobra entre el 60% y el 83%, tras 25 años de aporte.
4. Falta de transparencia y control: Durante años, se desconocía cuántos exlegisladores estaban cobrando esta jubilación ni cuánto representaba eso para el erario público. No existe una auditoría periódica pública ni control riguroso sobre posibles abusos del sistema, como auto adjudicaciones o saltos salariales artificiales antes del retiro.
5. Inequidad frente a otros sectores del Estado:

Profesores, policías, personal de salud, obreros públicos, aportan por décadas sin alcanzar beneficios comparables. Se cuestiona el trato privilegiado a quienes, en teoría, deberían servir al país y no beneficiarse de él desproporcionadamente.

6. Debilita la confianza en las instituciones: La existencia de este régimen especial socava la legitimidad del Congreso y acentúa la percepción ciudadana de corrupción, impunidad y auto referencia.
7. Rechazo ciudadano y sindical: La Mesa Sindical de Jubilados y otros gremios han exigido la eliminación inmediata del régimen especial. Varias organizaciones de la sociedad civil han incluido esta causa en sus campañas de reforma del Estado y transparencia legislativa.

CONCLUSIÓN

La “jubilación VIP” de parlamentarios paraguayos es un régimen que permite acceder a pensiones generosas con relativamente pocos años de aporte y desde edades tempranas (55 años). El sistema presenta un evidente descalce entre lo que aportan y lo que cobran, generando un desequilibrio financiero para las finanzas públicas y para la Caja Fiscal.