El reclamo adquiere especial relevancia porque no se trata de una obligación originada recientemente ni de un aporte voluntario del Estado. La Carta Orgánica del IPS establece una contribución estatal del 1,5%, destinada a sostener el sistema previsional.
Sin embargo, ese aporte nunca se concretó de manera efectiva, acumulándose a lo largo de los años una deuda que hoy representa un monto considerable para una institución cuyos recursos provienen fundamentalmente de sus asegurados y empleadores aportantes.
La situación expone una particular paradoja del sistema: el Estado que tiene bajo su control político y administrativo al IPS también es el principal deudor de la institución, pese a que la obligación de contribuir está contemplada en la propia legislación que rige a la previsional.
En este contexto, el presidente del Consejo de Administración del IPS, Derlis León, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, y los equipos técnicos de ambas instituciones, donde la deuda estatal ocupó un lugar central.
MESA TÉCNICA
Como resultado del encuentro, se acordó instalar una mesa técnica destinada a conciliar los saldos y determinar mecanismos para instrumentar gradualmente el reconocimiento y pago de la deuda, contemplándose la posibilidad de utilizar bonos u otros títulos públicos.
La discusión deberá realizarse bajo criterios de transparencia y, fundamentalmente, evitando que cualquier mecanismo termine comprometiendo el patrimonio del Fondo de Jubilaciones.
El reclamo representa un paso relevante porque durante años la deuda estatal con el IPS ha permanecido como una obligación acumulada, mientras la previsional debe afrontar mensualmente compromisos cada vez mayores en materia de salud, jubilaciones, medicamentos, infraestructura y prestaciones económicas.
Para el IPS, recuperar o reconocer formalmente esos recursos no constituye simplemente una operación financiera. Significa fortalecer el patrimonio de una institución cuyos fondos pertenecen a los asegurados y que tiene la responsabilidad de garantizar prestaciones presentes y futuras.
La discusión también obliga a mirar el problema desde otra perspectiva: mientras se exige al IPS administrar con eficiencia sus recursos, aumentar la rentabilidad de sus inversiones y garantizar las prestaciones, el Estado no ha cumplido históricamente con el aporte que la normativa le asignó.
REVISIÓN DE LOS LÍMITES Y LAS ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN
Durante la reunión también se abordó la aplicación de la Ley N.º 7235, relacionada con la administración de los fondos previsionales. En ese punto se acordó revisar los límites y las alternativas de inversión, teniendo en cuenta el volumen de reservas administradas por el IPS y la necesidad de avanzar hacia una mayor diversificación y rentabilidad.
Ambos temas están directamente relacionados. Por un lado, se encuentra la necesidad de recuperar una obligación histórica del Estado; por otro, la responsabilidad de administrar de manera segura y rentable las reservas de los asegurados. En ambos casos, el objetivo debería ser preservar el patrimonio previsional y garantizar la sostenibilidad del sistema.
La mesa entre el IPS y el Ministerio de Economía y Finanzas abre ahora una etapa en la que será fundamental que la deuda sea cuantificada, conciliada y reconocida oficialmente, además de establecerse un mecanismo concreto y verificable para su cancelación.
El punto de fondo es que los recursos que el Estado dejó de aportar durante años no son una cifra meramente contable. Son recursos que, conforme a la normativa, debieron formar parte del financiamiento del sistema y que hoy adquieren especial importancia frente a las crecientes necesidades de una institución que sostiene la atención de salud y las jubilaciones de cientos de miles de paraguayos.
El desafío, por tanto, no pasa solamente por encontrar una forma de registrar la deuda en los balances. El verdadero desafío será lograr que una obligación histórica con los asegurados deje de ser una deuda acumulada y se transforme en recursos efectivos para fortalecer al IPS, sin poner en riesgo las reservas ni trasladar nuevamente el costo a quienes ya vienen sosteniendo el sistema mediante sus aportes.














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