A pesar de que el Estado gestionó una compensación de USD 3,1 millones (al amparo del Decreto Nº 710/23), con acreditación confirmada para este lunes 30, los gremios decidieron mantener la paralización de sus unidades, alegando -entre otras cosas- la suba del precio de combustibles. El Ejecutivo les recordó que deben garantizar, por ley, una operación mínima del 60%.
Al respecto, el viceministro de Transporte, Emiliano R. Fernández, señaló que el Gobierno ya había presentado propuestas al sector desde el inicio del proceso. “El Gobierno planteó soluciones que responden adecuadamente al problema”, afirmó, y explicó que la situación se encuentra vinculada al componente financiero del sistema.
Puntualizó que uno de los puntos centrales fue el compromiso de pago de dicha compensación, prevista para el lunes 30 de los corrientes, así como la definición de un cronograma para el subsidio. “El problema ya está resuelto desde el punto de vista financiero y los buses tienen que salir”, insistió.
ACCIONES COORDINADAS
Ante la situación, el subsecretario de Estado mantiene en marcha el plan de contingencia con el apoyo de Itaipú Binacional, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Patrulla Caminera, junto con el operativo regular de la Dinatran. El despliegue se complementa con la operación de los buses eléctricos E1, E2 y E3, los servicios nocturnos Búho y las unidades de empresas que continúan circulando, entre ellas Magno S.A. (líneas 12, 29 y 43), Ximex S.A. (línea 44), San Isidro S.R.L. (líneas 48, 51 y 85), Aregüeña S.A. (línea 111) y Ypacaraí S.A. (línea 242), además de los buses eléctricos operados por el Consorcio Arapoti.
Afirmó que el Viceministerio ya tiene en marcha nuestro plan de contingencia y que el objetivo es sostener la movilidad de la ciudadanía. Recordó además que el transporte público está definido por ley como un servicio imprescindible, por lo que debe garantizar un nivel mínimo de operación. “La ley establece que esto es un servicio público imprescindible y que no puede ser discontinuado”, sostuvo, y advirtió que su incumplimiento constituye una falta gravísima, sujeta a sanciones.
Reiteró que el Gobierno mantiene la apertura al diálogo, pero con un objetivo claro. “Siempre estamos abiertos a las reuniones en pro de buscar una solución definitiva, pero siempre el objetivo es que haya buses circulando para la ciudadanía”, concluyó.
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