La medida se enmarca en lo dispuesto por la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna y faculta al Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) a organizar y ejecutar acciones conjuntas destinadas a garantizar la seguridad interna, ante la creciente amenaza de organizaciones criminales de alto riesgo.
El decreto establece, además, que todos los organismos y entidades del Estado dependientes del Poder Ejecutivo en la Región Oriental deberán brindar apoyo irrestricto y cooperación operativa al CODI, y dispone la comunicación formal de la medida al Congreso Nacional, conforme a los plazos y procedimientos legales vigentes.
La decisión presidencial se produce en un contexto de escalada de violencia vinculada al crimen organizado, particularmente tras el secuestro del productor sojero Almir de Brum da Silva, ocurrido el sábado último en la localidad de Curuguaty, departamento de Canindeyú, hecho atribuido a un conocido grupo criminal.
De acuerdo con el contenido del decreto —cuya vigencia plena queda sujeta a su publicación en la Gaceta Oficial—, las Fuerzas Armadas estarán habilitadas a emplear la fuerza en casos donde los delincuentes cuenten con armas de guerra, entrenamiento pseudomilitar o intenten quebrantar el orden constitucional y la autoridad del Estado.
En los considerandos, el documento cita una nota remitida al Ejecutivo por el Consejo de Defensa Nacional (Codena), basada en informes de inteligencia que confirman la presencia de agrupaciones ilegales en diversas zonas de la Región Oriental, vinculadas al crimen organizado transnacional, narcotráfico, terrorismo y delitos conexos. Según dichos reportes, estos grupos habrían aprovechado la ausencia de despliegue conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para instalar bases operativas y logísticas en áreas vulnerables del territorio.
“El aprovechamiento de estos flancos abiertos refuerza la capacidad de las organizaciones criminales y expone a la ciudadanía a un peligro permanente”, señala el decreto, que advierte que la situación compromete la vida, la libertad, los derechos de las personas y el libre ejercicio de las funciones de las autoridades legítimamente constituidas.
El lunes pasado, desde Palacio de López, el Gobierno ya había anticipado que se reforzaría la presencia operativa de las Fuerzas Armadas en zonas críticas y que se incrementaría el número de efectivos asignados al CODI, como parte de una estrategia para cerrar espacios al accionar del crimen organizado dentro del marco legal vigente.
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