El conflicto inició en 2018, cuando el entonces presidente, Mario Abdo Benítez, y el titular del MOPC, Arnoldo Wiens, tomaron la decisión de suspender las obras del Metrobús, desencadenando la disputa legal.
La condena al Estado Paraguayo abarca diversas áreas, entre ellas la ejecución indebida de la garantía de cumplimiento de contrato, montos retenidos indebidamente, daño emergente, costos y costas, así como intereses acumulados.
Además del considerable monto que el Paraguay deberá pagar, la defensa del caso ha representado un desembolso adicional de casi USD 2 millones en honorarios de abogados contratados por la administración anterior. Estos resultados adversos resaltan la falta de eficacia en la gestión de la defensa de los intereses del país.
La Procuraduría General de la República está evaluando las posibles acciones legales para reducir el impacto de esta condena, que resulta de una decisión administrativa que no consideró los intereses estatales al suspender abruptamente un proyecto cuyas repercusiones afectan el patrimonio de todos los paraguayos.
Una vez más, la inadecuada gestión en la defensa de los intereses nacionales durante el período anterior expone al país al pago de penalidades que afectan negativamente las finanzas públicas.