El pedido fue impulsado por la diputada Rocío Abe, quien también solicitó conocer detalles de los planes o estrategias que proyectan para brindar apoyo y/o asistencia al personal que requiera algún tipo de tratamiento o que esté siguiendo un plan de apoyo.
El documento obedece a las vicisitudes que se dan en muchas instituciones del sector público, vinculadas a la salud mental de los funcionarios, y tiene por objeto trabajar políticas públicas de salud mental.
La idea es establecer mecánicas de prevención y acompañamiento para quienes transitan por un tratamiento psicológico, según detalla el material.
Se establece un plazo de quince días para la remisión de dichos informes a la Cámara de Diputados, conforme lo establece el artículo 192 de la Constitución Nacional.
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