Uno de los pilares de este cambio fue la profesionalización del cuerpo de seguridad, con la formación de más de 650 nuevos agentes penitenciarios bajo un régimen de disciplina y rigor técnico.
A la par, la infraestructura vivió hitos históricos como el cierre definitivo del Buen Pastor y la apertura del moderno Complejo para Mujeres en Emboscada, junto con la reconvención del Centro Serafina Dávalos para la atención exclusiva de madres y mujeres vulnerables.
La gestión operativa logró la reubicación de 1.447 personas privadas de libertad (PPL), aliviando la sobrepoblación y logrando un uso eficiente de centros como Minga Guazú. Además, se cumplió con el precepto constitucional de separar a personas condenadas de procesadas, un reclamo histórico del sistema de justicia.
NÚMEROS REFLEJAN UN ENFOQUE INTEGRAL
Educación y Trabajo: Más de 1.900 personas accedieron a educación formal y 2.595 se integraron a actividades laborales.
Salud: Se realizaron 83.000 atenciones médicas integrando el sistema digital HIS-Ambulatoria.
Justicia: El seguimiento de más de 10.000 causas permitió concretar 171 libertades efectivas.
Con la inauguración de la Unidad de Tratamiento de Adicciones (UTRA) y la firma de 50 convenios de cooperación el Gobierno Nacional, según el ministerio, reafirma su compromiso con un modelo que prioriza la dignidad humana y la seguridad ciudadana a través de la rehabilitación real.
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