A partir de este mes de enero, los beneficiarios percibirán un total de G. 724.000, monto que representa el 25% del salario mínimo vigente. El viceministro explicó que este reajuste es de cumplimiento obligatorio según la ley, tras el incremento del salario mínimo decretado el año pasado.
«Es una de las inversiones sociales más grandes del Estado, junto con programas como Hambre Cero», señaló Ramírez. El presupuesto destinado para este ejercicio fiscal asciende a 408 millones de dólares, lo que implica un desembolso mensual de aproximadamente 35 millones de dólares para cubrir a los más de 340.000 adultos mayores que hoy integran el sistema. Estas transferencias dependen directamente de los Recursos del Tesoro (Fuente 10), lo que garantiza que el programa esté protegido y no pueda ser disminuido ni suspendido.
LA META: 40.000 NUEVOS BENEFICIARIOS EN 2026
Uno de los puntos más destacados fue el plan de expansión para este año. El viceministro confirmó que se proyecta la inclusión de entre 40.000 y 45.000 nuevos beneficiarios. Esta cifra se compone de 30.000 nuevas plazas ya presupuestadas, más las vacantes generadas por fallecimientos (estimadas entre 10.000 y 15.000 anuales).
Ramírez enfatizó que el proceso de selección ha sido despojado de cualquier tipo de discrecionalidad política. Selección automática: El sistema elige a los beneficiarios de mayor a menor edad de forma transparente. Rango de edad: Al cierre del año pasado, la cobertura alcanzó a personas de hasta 71 años. Para este 2026, el objetivo es seguir bajando ese rango gradualmente. Calendario: La frecuencia de las nuevas altas (si serán mensuales o en bloques) se definirá en las próximas semanas tras reuniones con el Ministerio de Economía para ajustar el plan de caja.
TRANSPARENCIA Y LOGÍSTICA DE PAGO
En cuanto a la operatividad, el viceministro destacó que el sistema está 100% bancarizado. Aunque el primer cobro se realiza por ventanilla en el Banco Nacional de Fomento (BNF) para formalizar la identidad del beneficiario, a partir del segundo mes todos operan con tarjeta de débito. Incluso, se han implementado protocolos especiales para personas encamadas o con movilidad reducida, donde funcionarios del banco o del correo (Dinacopa) acercan los plásticos o el efectivo a los domicilios.
Sobre el bloqueo preventivo de cuentas tras dos meses de inactividad, Ramírez aclaró que es una medida de seguridad necesaria para evitar fraudes en casos de fallecimiento o migración no reportada. No obstante, subrayó que el beneficio no se pierde: «Si el adulto mayor justifica que no pudo cobrar por motivos de salud, el desbloqueo es automático y percibe todo lo adeudado de manera retroactiva».
HACIA EL 2028: EL FIN DE LA EXCLUSIÓN
El viceministro concluyó con una visión optimista sobre el futuro del programa. Actualmente, existen menos de 100.000 adultos mayores que califican y aún están fuera del sistema. Según las proyecciones técnicas del Ministerio de Desarrollo Social, al ritmo actual de inversión y crecimiento, Paraguay alcanzará la cobertura total (100%) en el año 2028, saldando así una de las mayores deudas sociales con la población más vulnerable del país.
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