El propósito de la propuesta de ley es reestablecer algunos servicios básicos que fueron, gravemente, afectados y que para el efecto requieren de recursos presupuestarios específicos de diferentes instituciones del Estado.
En la exposición de motivos, los proyectistas fundamentan que es grave la situación registrada en varios distritos del Departamento Ñeembucú, como consecuencia de la falta de lluvia que perjudica a la población de la zona.
“Por estos hechos de la naturaleza las autoridades nacionales deben cooperar en el restablecimiento de los servicios básicos para los habitantes y atender a los productores que han sido afectados en sus producciones”, dice parte del documento.
El legislador Carlos Silva, manifestó que, como proyectista, se allana al dictamen, con modificaciones, de la Comisión de Presupuesto y la de Ecología, Recursos Naturales y Medio Ambiente, que extendieron la emergencia a todo el territorio de la República.
Dijo que las instituciones con fondos públicos, encargadas del tema, deben tomar medidas de urgencias y alertadora por sobre todas las cosas.
La situación de emergencia por sequía, según las modificaciones, rige en todo el territorio de la República, por el término de 180 días, y no 90 días como estaba en el proyecto inicial.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), los gobiernos departamentales y municipales, podrán, dice el documento, destinar los recursos presupuestarios necesarios para mitigar los efectos de la sequía para pequeños y medianos productores agropecuarios.
Finalmente, establece que el Banco Central del Paraguay (BCP) y el Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), dentro de sus facultades, podrán disponer como medida excepcional durante la vigencia de la declaración de emergencia, la refinanciación o reestructuración de deudas contraídas (capital e intereses), con entidades financieras y cooperativas, que no pueden ser honradas por la pérdida de la producción por efectos de la sequía.
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