González explicó que el decreto no implica un cambio en la operatividad cotidiana ni en el rol principal de las fuerzas de seguridad, sino que brinda un marco legal claro para que las Fuerzas Armadas puedan actuar cuando se enfrenten a grupos criminales de alta peligrosidad, dotados de armas de guerra, entrenamiento pseudo-militar y con intenciones de desafiar la autoridad soberana del Estado.
“El uso de elementos de combate de las Fuerzas Armadas está previsto solo para casos extremos y específicos. Hablamos de organizaciones criminales que representan un peligro real para la ciudadanía”, afirmó el ministro, subrayando que toda acción requiere una orden precisa del presidente de la República, en su carácter de comandante en jefe.
CONTINUIDAD OPERATIVA Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
El titular de Defensa dejó en claro que no habrá despliegues masivos ni ocupación militar de departamentos. La operatividad seguirá siendo la misma que se venía aplicando con la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en sus frentes Norte y Sur, que ya cubrían siete departamentos de la Región Oriental.
La diferencia, explicó, es que ahora el decreto extiende la jurisdicción legal, permitiendo la intervención de las Fuerzas Armadas en cualquier punto de la Región Oriental solo cuando la situación lo amerite, siempre en coordinación con la Policía Nacional, la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), bajo control del Ministerio Público y con autorización expresa del Poder Judicial. “No se trata de establecer presencia permanente en todos los departamentos. El decreto habilita la acción, no la impone”, recalcó González.
OPERATIVOS RECIENTES Y RESPALDO AL DECRETO
Como ejemplo concreto, el ministro citó un operativo realizado en la ciudad de Pilar, donde se incautaron drogas y se detuvo a cinco personas. Si bien la cantidad de estupefacientes decomisados fue relativamente menor, destacó que la operación permitirá avanzar en tareas de inteligencia para desarticular una organización criminal más amplia.
Asimismo, confirmó la intervención en la zona de Naranjal, tras un asalto con explosivos a una entidad bancaria. En ese caso, las Fuerzas Armadas actuaron en apoyo directo a la Policía Nacional, y la Dirección General de Material Bélico desplegó equipos especializados para levantar restos de explosivos y realizar la trazabilidad correspondiente, un sistema fortalecido durante el actual gobierno mediante la incorporación de tecnología.
Según González, estos hechos demuestran que el decreto fue redactado de manera responsable y con criterios de utilidad real, ya que sin esta herramienta legal no habría sido posible intervenir rápidamente en zonas que antes no estaban comprendidas dentro del ámbito operativo del Comando de Operaciones de Defensa Interna.
SIN REPLIEGUE Y SIN CONTRADICCIONES
Ante versiones sobre un supuesto repliegue de fuerzas en casos de secuestro, el ministro fue enfático en desmentir cualquier contradicción entre instituciones del Estado. Aclaró que permitir instancias de comunicación con familiares de víctimas no implica abandonar tareas de inteligencia ni eventuales operaciones de rescate.
“No hubo repliegue. Las tareas continúan. Lo que hubo fue una falta de precisión en la comunicación, que hoy estamos aclarando”, sostuvo, ratificando el respeto y la coordinación permanente con el Consejo de Defensa Nacional.
NO ES MILITARIZACIÓN, ES ESTADO DE DERECHO
Finalmente, González hizo una distinción histórica clave: lo dispuesto por el decreto no tiene nada que ver con esquemas de militarización propios de la Guerra Fría, donde las Fuerzas Armadas asumían funciones de control total mediante figuras como el “comandante de plaza”.
“Hoy respetamos plenamente al Ministerio Público, al Poder Judicial y trabajamos coordinadamente con la Policía y la SENAD. Las Fuerzas Armadas no actúan solas ni por decisión propia”, enfatizó.
La intervención militar, insistió, solo se da cuando el Estado enfrenta grupos armados que pretenden imponer reglas a la población, como decidir horarios de apertura de comercios o desafiar abiertamente la autoridad legítima. “El objetivo es uno solo: mejorar la seguridad de la ciudadanía sin vulnerar la democracia ni el Estado de derecho”, concluyó.
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