El investigador advirtió que Paraguay atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia en materia de seguridad, debido al fortalecimiento del crimen organizado, el avance del narcotráfico y una corrupción que, según sostuvo, impide una respuesta efectiva de las instituciones públicas.
Durante una entrevista con RCC Radio, el especialista afirmó que el país se está consolidando como un centro de distribución internacional de cocaína, situación que se suma a su condición de histórico productor de marihuana en la región.
Explicó que estas conclusiones surgen de las investigaciones desarrolladas desde hace 18 años por el grupo científico «Violencia, Sistema Penal y Política Criminal», integrado por la Universidad Nacional de Pilar, INESIS Paraguay y la Universidad Nacional de Canindeyú.
Martens aseguró que uno de los aspectos más preocupantes es la aparente normalización de la presencia del narcotráfico en amplias zonas del país. Según señaló, existen alrededor de 8.000 hectáreas de cultivos de marihuana, una extensión que, a su criterio, difícilmente pueda pasar inadvertida para las autoridades.
El investigador cuestionó cómo grandes cargamentos de droga logran atravesar rutas con múltiples puestos de control policial sin ser detectados y afirmó que esa realidad plantea serios interrogantes sobre la eficacia de los controles y la posible existencia de estructuras de corrupción.
«No afirmamos que alguien reciba dinero del narcotráfico, porque eso corresponde demostrarlo a las autoridades competentes. Lo que hacemos es presentar datos y formular preguntas que requieren respuestas», explicó.
Como ejemplo, mencionó el caso de una lujosa vivienda atribuida a un comisario en Salto del Guairá, cuyo valor —según dijo— rondaría entre 600.000 y 700.000 dólares. Aclaró que desconoce el origen de ese patrimonio, pero sostuvo que corresponde a los organismos de control verificar si existe coherencia entre los bienes declarados y los ingresos del funcionario.
Sin embargo, para Martens, el problema trasciende el tráfico de drogas. Afirmó que el crimen organizado está comenzando a ocupar espacios que el Estado ha dejado vacíos, especialmente en comunidades rurales del departamento de Canindeyú.
Explicó que existen poblaciones cuya economía depende casi por completo del cultivo de marihuana y donde los llamados «patrones» financian medicamentos, traslados a hospitales, ayuda económica e incluso gastos funerarios, generando una relación de dependencia con las familias de la zona.
«Cuando una organización criminal empieza a resolver los problemas cotidianos de la gente, gana legitimidad social. Ese es uno de los mayores riesgos para cualquier democracia», advirtió.
Martens sostuvo que esta situación no solo fortalece a las estructuras criminales, sino que también debilita los valores democráticos, fomenta las adicciones y erosiona la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
El criminólogo recordó que su equipo entrega periódicamente los resultados de sus investigaciones al Estado, publica los estudios en ámbitos académicos y pone toda la información a disposición de las autoridades. No obstante, lamentó que muchas veces esos datos no se traduzcan en políticas concretas.
Finalmente, defendió el rol de la investigación científica como herramienta para fortalecer el Estado de Derecho y sostuvo que formular preguntas sobre posibles irregularidades no constituye una acusación, sino una obligación de quienes trabajan produciendo evidencia para mejorar las políticas públicas. «Nuestro trabajo es investigar, aportar datos y generar debate. La responsabilidad de investigar, controlar y sancionar corresponde a las instituciones del Estado», concluyó.
Dejá tu comentario