La concejala municipal Fiorella Forestieri, Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), y candidata a la reelección, cuestionó el procedimiento y advirtió que la Municipalidad pretende asumir nuevos compromisos económicos sin que, según afirmó, los ediles hayan contado inicialmente con un estudio financiero que permita dimensionar su impacto sobre las arcas comunales.
El contrato fue firmado el pasado 18 de septiembre por el intendente Luis Bello y representantes de tres organizaciones sindicales: SITRAMA, SINOEMA y SIMUCA. Posteriormente, la Intendencia remitió el documento a la Junta Municipal para su estudio y aprobación.
Uno de los puntos que genera mayor cuestionamiento es el aumento del haber de retiro por jubilación de 15 a 20 salarios. El nuevo acuerdo establece que los funcionarios que renuncien para acogerse a la jubilación recibirán 20 salarios calculados sobre su última remuneración, incluyendo determinadas bonificaciones.
Forestieri sostuvo que resulta contradictorio elevar este beneficio mientras existen funcionarios jubilados que todavía aguardan el pago de los 15 salarios establecidos en el régimen vigente.
“Nosotros no tenemos todavía el estudio financiero de cuánto va a impactar eso en el bolsillo de los asuncenos y de las asuncenas”, afirmó la concejala, quien remarcó que los recursos utilizados para cumplir estos compromisos provienen del presupuesto municipal y, por tanto, de los ingresos generados por los contribuyentes.
MÁS BONIFICACIONES
El contrato también contempla modificaciones en otros beneficios. Entre ellos figura un incremento del 5% en la escala de bonificación por antigüedad, además de aumentos en los incentivos vinculados con la profesionalización.
El acuerdo establece, por ejemplo, un reconocimiento mensual equivalente al 65% del salario mínimo para títulos universitarios de cuatro años o más, frente al 50% anterior, y del 35% para títulos técnicos, frente al 25% previo. También mantiene un premio trimestral del 7% vinculado al cumplimiento de asistencia y puntualidad.
Desde la Municipalidad, en cambio, se sostiene que la actualización busca adecuar el contrato a la legislación vigente y establecer reglas claras tanto para los trabajadores como para la administración. El intendente Luis Bello afirmó que el acuerdo fue resultado de meses de diálogo y análisis técnico.
TRATAMIENTO ACELERADO
El conflicto se agravó por la presión de los sindicatos para que la Junta Municipal trate el documento antes de las elecciones. En las últimas jornadas se registraron protestas de funcionarios municipales, ocupación de dependencias y hasta el cierre temporal de la avenida Mariscal López en reclamo de la aprobación del contrato.
La oposición cuestiona que un acuerdo con consecuencias económicas de largo plazo sea tratado con tanta rapidez en plena campaña electoral.
Forestieri sostuvo que el documento llegó a la Junta en un momento particularmente sensible y acusó a sectores sindicales de intentar comprometer recursos de la próxima administración.
La concejala también vinculó el debate con el endeudamiento de la Municipalidad y recordó su oposición a la emisión de bonos por alrededor de USD 70 millones, cuestionando que recursos destinados originalmente a obras hayan sido utilizados para gastos corrientes y salarios.
Estas afirmaciones forman parte de su interpretación política del manejo financiero de la comuna y fueron planteadas durante la entrevista como una crítica a la administración municipal.
LA JUNTA DEBERÁ DEFINIR EL FUTURO DEL ACUERDO
El expediente ya fue incorporado oficialmente al orden del día de la Junta Municipal. El Mensaje N.º 408/2026 remite el contrato colectivo para su estudio y aprobación, conforme a la legislación sobre negociación colectiva en el sector público y la Ley Orgánica Municipal.
La discusión central será, por un lado, si los beneficios acordados deben ser homologados y, por otro, cómo serán financiados y cuál será su impacto sobre las futuras administraciones municipales.
Forestieri cuestionó precisamente este último aspecto y sostuvo que los compromisos asumidos ahora podrían limitar la capacidad financiera de quien resulte electo para administrar Asunción.
La controversia se instala así en la recta final de las elecciones municipales, con dos posiciones claramente enfrentadas: por un lado, los sindicatos que defienden la actualización de los derechos y beneficios laborales; y por otro, concejales opositores que reclaman mayor análisis financiero antes de comprometer recursos de la Municipalidad.
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