El concejal Andrés Morel encendió la alarma en una entrevista con RCC Radio, al advertir que existe un pedido formal para ceder más de tres hectáreas de terrenos estratégicos —ubicados frente al río Paraná, en una de las zonas más cotizadas de la ciudad— a la firma denominada “Tres Leones”.
El objetivo: desarrollar espacios de uso privado vinculados a un edificio colindante, incluyendo amenities como piscinas, canchas y cantinas. Pero el problema no es solo el destino de las tierras, sino cómo se pretende concretar la operación.
UN INFORME “ESCUETO” PARA JUSTIFICAR MILLONES
Morel fue contundente: el informe que respalda la cesión es “escueto” y está “lleno de ambigüedades”. No contiene datos técnicos fundamentales, ni siquiera aspectos básicos como el canon que la empresa debería pagar por usufructuar un bien público de altísimo valor.
La ausencia de información clave no es un detalle menor: se trata de terrenos cuya cotización rondaría los 20 millones de dólares. Aun así, la Junta Municipal —según el concejal— no dispone de cifras claras sobre cuánto ingresaría a las arcas municipales por esta concesión.
En términos simples: se estaría discutiendo la entrega de patrimonio público millonario sin saber cuánto vale el acuerdo.
TIERRAS RECUPERADAS CON HISTORIA… Y SACRIFICIO
La gravedad del caso se amplifica al considerar el origen de estos terrenos. Se trata de áreas recuperadas tras la construcción de la represa de Yacyretá, un proceso que implicó el desplazamiento de comunidades enteras.
Morel, oriundo de la histórica Villa Baja, recordó que esas tierras “costaron sangre, sudor y lágrimas”, en alusión a los sacrificios de los antiguos pobladores que fueron reubicados con compensaciones muchas veces cuestionadas. Hoy, esas mismas tierras —revalorizadas y convertidas en joyas inmobiliarias— estarían en riesgo de ser entregadas a intereses privados sin reglas claras.
DE LA UNANIMIDAD AL VETO: EL GIRO DEL EJECUTIVO
En una primera instancia, la Junta Municipal rechazó por unanimidad el proyecto de cesión. Sin embargo, el intendente Luis Yd decidió vetar esa resolución, reabriendo el debate y generando un escenario de alta tensión política.
El antecedente no es alentador. Según Morel, en más de una década de gestión, los vetos del Ejecutivo casi nunca han sido revertidos, lo que deja abierta la posibilidad de que la decisión final termine favoreciendo la cesión.
La preocupación es concreta: si algunos concejales vuelven a alinearse con el intendente, el rechazo podría caer y el proyecto avanzar.
¿INVERSIÓN O PRIVILEGIO?
El concejal no cuestionó la llegada de inversores extranjeros, pero sí puso un límite claro: el desarrollo privado no puede avanzar sobre bienes públicos sin transparencia ni condiciones equitativas. “Que se circunscriban a lo que compran, no a lo que es de todos”, sostuvo, en una frase que resume el trasfondo del conflicto.
Además, advirtió sobre la existencia de un “apadrinamiento” detrás del proyecto, sugiriendo que la empresa beneficiaria contaría con respaldo político para acceder a condiciones privilegiadas.
Uno de los puntos más críticos es la duración del acuerdo: 30 años. Para Morel, esto equivale a comprometer el patrimonio de toda una generación, graficando que el plazo excede incluso los ciclos políticos y administrativos, limitando la capacidad de decisión de futuras autoridades.
EL RIESGO DE DECISIONES A CIEGAS
El caso también expone un problema estructural: la falta de rigor en el análisis de proyectos dentro de la Junta Municipal. Morel denunció que existen concejales que aprueban iniciativas “a puertas cerradas”, sin siquiera revisar los informes.
Cita como ejemplo la ejecución presupuestaria 2026, aprobada sin estudio por algunos ediles, lo que —según advierte— refleja una preocupante cultura política donde prima la obediencia al Ejecutivo por sobre el interés ciudadano.
El desenlace podría definirse en cuestión de horas. Tras reuniones internas, la Junta Municipal deberá votar si mantiene su rechazo o cede ante el veto del intendente. Lo que está en juego no es solo un terreno, sino un principio: si los bienes públicos pueden ser negociados en la penumbra o si deben defenderse con transparencia, debate y responsabilidad.