Nicora explicó que ese monto apenas cubre desayuno, almuerzo y cena, dejando de lado otros costos esenciales como salud, personal y traslados judiciales, lo que aumenta considerablemente la presión sobre el presupuesto del Ministerio de Justicia.
El ministro reconoció que con esa suma resulta “casi imposible” garantizar una dieta adecuada: “Uno se pregunta qué tipo de magia se hace con 8.800 guaraníes, si afuera con 10.000 guaraníes apenas alcanza para dos empanadas en el desayuno”, afirmó.
En otro tramo, Nicora remarcó que la obligación del Estado es velar por las personas privadas de libertad, ya que se encuentran bajo custodia estatal. Sin embargo, admitió que el bajo presupuesto destinado a la alimentación abre la puerta a la desnutrición, la desesperación y al ingreso de drogas dentro de los penales.
Sobre posibles salidas, el ministro planteó la necesidad de defender un mayor presupuesto en el Congreso, además de explorar mecanismos de cooperación como la redistribución de alimentos no vendidos en restaurantes, productos incautados por el MIC y, eventualmente, articular con el programa Hambre Cero, aunque este último se encuentra enfocado principalmente en la niñez y adolescencia.
Nicora concluyó que el desafío no es solo de gestión carcelaria, sino de seguridad pública y salud social, advirtiendo que la precariedad alimentaria en las cárceles termina impactando en toda la sociedad.
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