En procurador se reunió este viernes con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez en Palacio de Gobierno y al término conversó con los medios de comunicación.
En la ocasión, calificó de “positivos” los resultados obtenidos hasta hoy, atendiendo a que las tres personas están prófugos de la justicia desde hace 19 años y actualmente están detenidos en una cárcel en Montevideo.
En ese sentido, comentó que Arrom, Martí y Colmán se habían presentado ante la Justicia, solicitando su libertad o que sean traslados a una cárcel donde se hallan los presos políticos, ambos pedidos fueron negados por la jueza que lleva el caso “muestra de que esta no es una cuestión política”, refirió.
El alto funcionario estatal dijo que tanto el rechazo del pedido de libertad como el traslado a una prisión común, son señales optimistas para el Paraguay y que una vez que concluyan los trámites de rigor, vendrán al país para rendir cuentas ante la justicia por la justicia por el secuestro de la señora María Edith Bordón, ocurrido en el 2001.
En otro momento celebró que mediante las gestiones pertinentes de las autoridades paraguayas se haya evitado que la Comisión de Refugiados (CORE), les otorgue el estatus de refugiados político. “Estamos expectantes de lo que resuelva”, refirió al tiempo de subrayar que “los acorralamos en todas partes”, haciendo referencia a que se acercaron todas las resoluciones sobre el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del Estado en la demanda que iniciaron, así como el cese del refugio por parte de Brasil.
“Tienen orden de captura en Brasil, en Paraguay y en Uruguay, de hecho están detenidos allí y por si se escapan a nivel internacional y está pendiente el levantamiento nuevamente del Código Rojo que se solicitó vía Cancillería, por si ellos escapan de la cárcel”, detalló.
El procurador remarcó que el Estado confía en que Arrom, Martí y Colmán no obtengan un nuevo estatus de refugiado, ya que no corresponde “ni jurídica ni políticamente”, reiteró.
Respecto a los plazos, explicó que la CORE tiene plazo de 90 días para presentar el pedido solicitado por la jueza, quien posteriormente tiene 15 días para emitir su resolución. “Esperamos que todo ocurra antes”, indicó.
“Una vez que se resuelve el pedido de estatus de refugiados, automáticamente inicia el proceso de extradición. Según la ley uruguaya, los extraditables deben guardar prisión preventiva mientras dure el proceso, por lo tanto no habrá un lapsus en el que ellos puedan obtener su libertad, mientras dure este proceso”, explicó finalmente.
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