En conferencia de prensa realizada en Mburuvicha Róga, el ministro del Interior, Enrique Riera, destacó que este operativo interinstitucional responde a la directiva del Gobierno de reforzar controles en las terminales aéreas, atendiendo a la presencia de múltiples organismos que operan simultáneamente en el aeropuerto. Informó además que la creación de la Policía Aeroportuaria, ya en proceso de implementación, apunta a fortalecer la coordinación operativa y mejorar la respuesta ante intentos de contrabando o delitos transnacionales.
Riera subrayó que el decomiso no puede ser tomado como un hecho menor, ya que “22 kilos de oro no viajan solos”, advirtiendo que detrás de este movimiento hay indicios de una organización criminal interna y otra externa, posiblemente vinculadas a redes dedicadas al tráfico de minerales y otros delitos de alto impacto.
Por su lado, el presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), Nelson Mendoza, explicó que la detección se inició tras una denuncia interna que activó una investigación conjunta entre la Subdirección de Seguridad de la Aviación, la Fiscalía y la Policía Nacional. Mendoza remarcó que la operación demuestra la solidez creciente de la seguridad aeroportuaria del país, especialmente en un momento en que Paraguay se posiciona como sede de eventos internacionales y registra un importante flujo de pasajeros.
La acción coordinada derivó en la detención de dos ciudadanos paraguayos, además de un funcionario público que habría tenido participación directa en el intento de traslado ilegal del metal precioso.
Según el jefe de la lucha contra el crimen organizado, comisario principal Luis López, las investigaciones avanzan ahora hacia la segunda fase, destinada a identificar la estructura criminal detrás del envío y el destino final del oro. No se descarta que provenga de zonas auríferas como Paso Yobai.
López también confirmó que se activaron mecanismos de cooperación internacional para rastrear la ruta y compradores vinculados al cargamento. El caso está a cargo del fiscal Humberto Otazú, quien ya dispuso varias diligencias y ampliaciones investigativas.
Las autoridades coincidieron en que este golpe refuerza el mensaje de que el aeropuerto no puede ser utilizado para actividades ilícitas y que la vigilancia será “implacable” ante cualquier intento de comprometer la seguridad operacional y la imagen internacional del país.
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