El procedimiento se realizó luego de que la asociación denunciara que la empresa estaría utilizando una denominación y tipografía muy similar a la marca registrada “Brangus Pura Raza” en productos comercializados por el frigorífico Concepción.
“El allanamiento se debió a una denuncia porque aparentemente se estaría utilizando una marca similar a la registrada por la asociación en productos que son comercializados por la empresa”, explicó el fiscal.
De acuerdo con la investigación preliminar, la empresa utilizaría un logotipo con la palabra “Brangus” y una tipografía casi idéntica a la registrada por la asociación, lo que podría constituir uso de marca ajena sin autorización.
Quintana aclaró que el caso no tiene relación con la calidad del producto cárnico, sino exclusivamente con el uso de la marca. “No entra a tallar la calidad de la carne. Se presume que es de buena calidad. El problema es la utilización de la marca en similitud con la registrada”, señaló.
El fiscal explicó que esta situación podría generar confusión en los consumidores, quienes podrían creer que están adquiriendo un producto vinculado directamente con la asociación criadora de la raza.
LICENCIA VENCIDA Y TRÁMITE DE MARCA
Según detalló el agente del Ministerio Público, el frigorífico había contado anteriormente con una licencia otorgada por la asociación para utilizar la marca, pero esa autorización venció en junio del año pasado.
Desde entonces, la empresa ya no tendría permiso para seguir utilizando esa denominación. Quintana también indicó que el frigorífico solicitó el registro de su propia marca ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, pero el trámite aún se encuentra en proceso y enfrenta una oposición, por lo que todavía no posee titularidad sobre la misma.
INCAUTACIÓN DE PRODUCTOS
Durante el procedimiento, los investigadores incautaron aproximadamente 500 kilos de carne, además de documentos y materiales promocionales relacionados con la marca. Los productos quedaron retenidos bajo resguardo mientras se realiza el conteo, pesaje y análisis correspondiente, para determinar si serán destruidos o trasladados a un depósito judicial.
El fiscal explicó que, de comprobarse el uso indebido de una marca registrada, la legislación paraguaya contempla penas de hasta cinco años de prisión, además de otras sanciones previstas en la normativa de propiedad intelectual. La investigación continúa con la recopilación de más evidencias para determinar si existen elementos suficientes que confirmen la infracción.
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