El documento suprimía el texto donde se libera de responsabilidad alguna a las empresas de telefonía, respecto a verificar la información proporcionada por los usuarios.
En tanto, el Poder Ejecutivo fundamentó su veto en que la iniciativa contemplaba un cruce de datos entre la agencia de venta de chips telefónicos y el Departamento e Identificaciones de la Policía Nacional, lo que hace implausible el mecanismo de acceso a la información que el proyecto pretendía instalar.
“A primera vista resulta inadmisible pensar que el Estado, que organiza su actuación en función del ejercicio y goce de derechos de sus ciudadanos, comparta este tipo de información con organizaciones empresariales privadas”, sostiene parte del veto.
La objeción del Poder Ejecutivo fue aceptada y remitida al Senado para su siguiente trámite constitucional.
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