La decisión fue anunciada por la presidenta de la Sala Constitucional, Tania D’Amelio, mediante un comunicado transmitido en cadena nacional obligatoria. En el texto, el máximo tribunal ordena que Rodríguez asuma “todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela”, con el argumento de preservar la continuidad administrativa del Estado y la defensa integral de la nación.
El TSJ dispuso además la notificación inmediata de esta resolución al Consejo de Defensa de la Nación, al alto mando militar y a la Asamblea Nacional, sin precisar la fecha para la juramentación formal de la mandataria encargada. Este lunes 5 de enero está prevista la instalación del nuevo período legislativo 2026–2031, dominado por el oficialismo, instancia en la que deben jurar las principales autoridades del Poder Legislativo y del Ejecutivo.
Según el fallo, la medida responde a una situación “excepcional, atípica y de fuerza mayor”, que el tribunal calificó como el “secuestro” del jefe de Estado y su posterior traslado a territorio estadounidense. No obstante, aclaró que la designación de Rodríguez no implica una definición definitiva sobre si la ausencia presidencial es temporal o absoluta, cuestión que deberá resolverse en procedimientos posteriores y por los órganos competentes.
La Constitución venezolana, en su artículo 234, establece que ante faltas temporales o absolutas del presidente, el vicepresidente ejecutivo puede asumir el cargo hasta por 90 días, prorrogables por igual período con autorización del Parlamento. Si la ausencia se extiende más allá de ese plazo, corresponde a la Asamblea Nacional determinar si se configura una falta absoluta.
Especialistas consultados señalan que, si bien la Carta Magna prevé la sucesión a través de la vicepresidencia, el escenario actual no se ajusta plenamente a ninguno de los supuestos constitucionales, en un contexto marcado además por la cuestionada legitimidad del gobierno tras las elecciones presidenciales de 2024.
Horas después del anuncio del TSJ, Delcy Rodríguez informó la activación del Consejo de Defensa de la Nación y el envío al alto tribunal del decreto de estado de conmoción exterior para su validación constitucional. Entre las atribuciones de este organismo se encuentra la movilización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la toma inmediata de infraestructuras estratégicas, incluidos los servicios públicos y la industria petrolera, con el objetivo de garantizar su funcionamiento.