Este lunes, el Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela informó la excarcelación de 116 personas que, según el gobierno interino, estaban vinculadas con “hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la nación”. La cartera estatal indicó que estas liberaciones forman parte de una “revisión integral de causas” ordenada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Las 116 excarcelaciones se suman a una serie de liberaciones recientes que, según el propio régimen, habrían comenzado tras la detención del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos a comienzos de enero. Aunque Caracas presentó la medida como un gesto de “paz y convivencia”, organismos de derechos humanos y diversos gobiernos resaltan que la presión diplomática de Washington y de casi toda Sudamérica fue un factor clave para estos anuncios.
CONTRASTES ENTRE CIFRAS OFICIALES Y ONG
Mientras el gobierno habla de 116 liberaciones, organizaciones defensoras de derechos humanos señalan que las cifras reales podrían ser menores y que aún cientos de presos políticos permanecen detenidos. La ONG Foro Penal, que monitorea detenciones por motivos políticos desde hace años, ha verificado decenas de excarcelaciones —incluidos ciudadanos venezolanos y extranjeros— pero mantiene que la mayoría de los más de 800 presos políticos documentados continúan tras las rejas.
Entre los liberados recientemente están ciudadanos de diversas nacionalidades, incluidos italianos que ya se encuentran en la Embajada de Italia en Caracas, según confirmó el gobierno de ese país.
PRESIÓN INTERNACIONAL Y EXPECTATIVAS
La liberación de presos políticos ocurre en un contexto de intensa presión ejercida por Estados Unidos, que ha incluido sanciones, solicitudes diplomáticas y llamadas públicas a la liberación de detenidos injustamente. Líderes regionales y organismos multilaterales han respaldado estas exigencias, consolidando un frente que busca el respeto a los derechos civiles en la nación sudamericana.
Sin embargo, críticos y activistas subrayan que estas liberaciones parciales no representan un cambio estructural en el sistema judicial o penitenciario, y que muchos de los liberados podrían enfrentar restricciones legales o supervisión judicial, lo que limitaría su plena libertad.
Hasta ahora, el proceso ha generado reacciones encontradas: mientras sectores de la oposición califican el movimiento como un paso hacia la apertura democrática, otros advierten que la mayoría de los presos políticos aún esperan justicia y libertad plena. La comunidad internacional sigue atenta al desarrollo de esta situación, que podría influir en las relaciones entre Venezuela y diversos gobiernos de América y Europa.
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