En el pronunciamiento, los gobiernos firmantes advirtieron que las medidas de fuerza están generando serias dificultades para miles de familias bolivianas, afectando el acceso a productos básicos y comprometiendo el normal funcionamiento de los servicios.
Asimismo, rechazaron de manera categórica cualquier acción que tenga como objetivo desestabilizar el orden democrático y alterar la institucionalidad del Gobierno constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, surgido de las elecciones generales celebradas en 2025.
Los países reafirmaron su solidaridad con el Gobierno y el pueblo bolivianos, al tiempo de exhortar a todos los actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias mediante el diálogo, el respeto irrestricto a las instituciones democráticas y la preservación de la paz social.
La declaración conjunta refleja el respaldo regional a la estabilidad democrática en Bolivia en un contexto marcado por tensiones políticas y sociales, y subraya la necesidad de priorizar soluciones pacíficas que garanticen el bienestar de la población.
Países firmantes de la declaración: República Argentina, República de Chile, República de Costa Rica, República del Ecuador, República de Honduras, República de Panamá, República del Paraguay y República del Perú.
Según un reporte de CNN en español, Bolivia atraviesa actualmente una fuerte tensión social marcada por bloqueos de carreteras y protestas multisectoriales que exigen cambios económicos y reformas constitucionales. Sin embargo, una de las causas de paros y huelgas ha sido la eliminación de subsidios a combustibles en Bolivia.
La crisis ha derivado en cierres de rutas y otras vías que incluso han motivado operativos de evacuación internacional de ciudadanos varados, como el puente aéreo establecido para turistas peruanos.