Desde Bogotá, el Gobierno colombiano manifestó su inquietud ante los reportes de explosiones y actividad aérea inusual en territorio venezolano, y alertó sobre el impacto que estos hechos podrían tener en la estabilidad regional. En un comunicado oficial, Colombia reafirmó su compromiso irrestricto con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía, la integridad territorial de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza.
La administración de Petro rechazó explícitamente cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil, e hizo un llamado urgente a la desescalada del conflicto, exhortando a todas las partes a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos.
De manera preventiva, el Gobierno colombiano anunció la adopción de medidas para proteger a la población civil y preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana, ante un posible aumento de la presión migratoria o necesidades humanitarias derivadas del conflicto. Asimismo, la Cancillería mantendrá abiertos los canales diplomáticos y promoverá, en espacios multilaterales, iniciativas para la verificación objetiva de los hechos y la preservación de la paz regional.
En su pronunciamiento, Colombia subrayó que la paz, el respeto al derecho internacional y la protección de la vida y la dignidad humana deben prevalecer sobre cualquier forma de confrontación armada, concluyendo con un mensaje simbólico de solidaridad regional: “Que Bolívar proteja al pueblo venezolano y al pueblo latinoamericano”.
Desde Santiago, el presidente Gabriel Boric también expresó la condena del Gobierno de Chile a las acciones militares desarrolladas por Estados Unidos en Venezuela, y llamó a buscar una salida pacífica a la grave crisis que atraviesa el país caribeño.
Chile reafirmó su adhesión a los principios fundamentales del Derecho Internacional, como la no intervención, la proscripción del uso de la fuerza, la solución pacífica de las controversias y la integridad territorial de los Estados. En ese sentido, el Ejecutivo chileno sostuvo que la crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo político y el respaldo del multilateralismo, y no a través de la violencia ni de la injerencia extranjera.
Las declaraciones de Petro y Boric reflejan una posición convergente en América Latina, que advierte sobre los peligros de una escalada militar en Venezuela y reclama una respuesta basada en el derecho internacional, la diplomacia y la preservación de la paz regional.
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