Este viernes 31 de octubre, el gobierno brasileño envió al Congreso Nacional el denominado proyecto de Ley Antifacciones. El documento establece un endurecimiento de las penas y nuevas medidas legales para frenar la expansión del crimen organizado.
La propuesta fue firmada por Lula luego de la megaoperación policial que dejó 121 muertos en los complejos de la Penha y del Alemão, en Río de Janeiro.
Nuevas figuras penales y condenas más duras
El proyecto busca atacar la violencia representada por organizaciones como el Comando Vermelho (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC). Según el presidente de la cámara de diputados, Hugo Motta, será tratado con prioridad.
-La norma establece la figura penal de “organización criminal calificada”, con penas de entre 8 y 15 años de prisión para grupos que busquen controlar territorios y actividades económicas mediante el uso de violencia o amenazas. Si se comprueba que estos delitos incluyen homicidio, la pena puede llegar hasta 30 años. También se eleva la pena máxima para crímenes cometidos por organizaciones criminales simples, hasta 10 años.
-El documento establece novedades legislativas, como la creación de un “Banco Nacional de Organizaciones Criminales”, que reunirá datos sobre integrantes de facciones y podrá ser consultado por cualquier órgano de seguridad pública. También autoriza a la Justicia a ordenar la “intervención judicial” en empresas vinculadas a organizaciones criminales, incluyendo el nombramiento de gestores externos y el bloqueo inmediato de operaciones financieras y societarias sospechosas de financiar delitos.
-Con respecto a la administración pública, el proyecto permite apartar provisionalmente a aquellos funcionarios que promuevan, constituyan, financien o integren organizaciones criminales. Los que resulten condenados podrán ser excluidos de toda vinculación con la administración pública por hasta 14 años.
-El texto propone mejoras en los mecanismos de “secuestro de bienes”. Permitirá la incautación de valores de investigados o acusados antes del tránsito en juzgado, siempre que existan indicios de origen delictivo.
Mayor control en cárceles
-El proyecto de ley prevé el monitoreo, bajo autorización judicial, de conversaciones y reuniones de presos vinculados a organizaciones criminales. Esto incluiría tanto a las visitas presenciales como a intercambios virtuales. Para dificultar la comunicación y acción de líderes criminales, la propuesta formaliza la transferencia de presos entre cárceles en caso de riesgo inminente, debiendo la administración penitenciaria informar de inmediato al juez responsable.
-El documento también permite la infiltración de agentes y empresas ficticias en las estructuras de las bandas criminales, con la finalidad de obtener informaciones esenciales sobre el flujo operativo de las facciones bajo investigación.
Cambios en la Receita
Además de esta norma, el gobierno impulsará la creación de una delegación contra el crimen organizado dentro de la Receita Federal, lo que se establecerá en un nuevo proyecto de ley antes de fin de año.
Según Lula, la medida se suma a otras acciones integradas entre órganos federales, estaduales y municipales, destacando que “solo el esfuerzo conjunto de todas las esferas de poder permitirá derrotar a las facciones”. Ahora, la expectativa es que el proyecto sea tramitado a la brevedad,
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