La magistrada federal Carolina Lebbos atendió así un pedido del superintendente de la Policía Federal, Luciano Flores, que señaló que la detención de Lula en Curitiba alteraba demasiado la rutina en las instalaciones policiales y de toda la región donde se encuentra la Superintendencia. Aunque aún no se informó la fecha en que se hará el traslado, la Justicia del estado de San Pablo adelantó que el expresidente debe ser enviado al presidio de Tremembé, en el interior del estado, unos 170 kms al oeste de São Bernardo do Campo, donde Lula tenía domicilio.
En la nueva prisión, el expresidente sería ubicado en una celda solo, pero compartiría con otros presos las comidas y los baños de sol. Entre los reclusos que aloja Tremembé hay varios conocidos homicidas.
El exmandatario, que cumple una condena de ocho años y 10 meses por corrupción y lavado de dinero en el marco de la Lava Jato, está preso en Curitiba tras su detención el 7 de abril de 2018. Desde entonces, sus simpatizantes instalaron un campamento permanente, apodado «Lula Libre», en las proximidades de la Superintendencia y constantemente hay enfrentamientos entre sus seguidores y sus opositores, que requieren de la intervención de la policía e incomodan la vida de los vecinos del barrio Santa Cándida.
Las tensiones han ido in crescendo desde que en junio el sitio The Intercept reveló diálogos mantenidos en los últimos años a través del sistema de mensajería digital Telegram entre fiscales de la Operación Lava Jato y el exjuez Moro, que condenó a Lula en primera instancia por haber recibido de la constructora OAS un departamento tríplex en el balneario de Guarujá como soborno en especie a cambio de garantizar a la empresa contratos con Petrobras durante su gobierno (2003-2010). Las comunicaciones entre el entonces juez -devenido ministro del nuevo gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro- y los fiscales levantaron sospechas sobre la imparcialidad del exmagistrado ya que en los mensajes orientaba a la parte denunciante sobre estrategias a seguir en la causa.
Hasta ahora, el exmandatario brasileño, preso por corrupción, se alojaba en la superintendencia de la Policía de Curitiba Hasta ahora, el exmandatario brasileño, preso por corrupción, se alojaba en la superintendencia de la Policía de Curitiba Fuente: AFP – Crédito: Nelson Almeida
En julio de 2017, en Curitiba, Moro condenó a Lula a nueve años y seis meses de prisión. En enero de 2018, la pena fue ampliada a 12 años y un mes de reclusión por el Tribunal Regional Federal de la 4ª región, en Porto Alegre, y luego de varias apelaciones de sus abogados, el expresidente quedó detenido en abril, cuando era el candidato favorito para las elecciones de octubre, que finalmente ganó Bolsonaro. Ya en abril de este año, tras una apelación de la defensa, el Superior Tribunal de Justicia mantuvo la condena pero redujo la pena a los actuales ocho años y 10 meses de prisión; en estas circunstancias, Lula podría solicitar a partir del próximo mes el pase a un régimen de reclusión semiabierto (podría salir a trabajar durante el día y volver a la prisión de noche) o incluso un arresto domiciliario.
Sin embargo, en febrero, el popular exmandatario fue condenado en primera instancia a 12 años y 11 meses de cárcel en otro caso, por la obtención presuntamente ilegal de una finca en Atibaia, y se espera para cualquier momento un fallo de segunda instancia que podría frustrar su salida de prisión. Asimismo, Lula está procesado en otras seis causas que se encuentran en diferentes etapas de tramitación.
El abogado principal del exmandatario, Cristiano Zanin, se opuso al traslado de Lula a San Pablo hasta que la Corte Suprema no analice un pedido de habeas corpus presentado por la defensa y apoyado sobre el argumento de la supuesta parcialidad de Moro.
«Es fundamental que el Supremo Tribunal Federal juzgue el habeas corpus para revertir esa prisión injusta y el constreñimiento ilegal al que está siendo expuesto el expresidente», resaltó el abogado, quien además pidió que Lula sea colocado en una sala del Estado Mayor en una unidad militar debido al alto cargo que ocupó.
Desde el PT rechazaron la medida, que calificaron como un «nuevo acto de persecución» de la Justicia. «Lula no debe ser arrestado en ningún lado porque es inocente y ha sido condenado en una farsa judicial», señalaron en un comunicado la presidenta del partido, Gleisi Hoffmann, y los líderes petistas en el Senado, Humberto Costa, y en la Cámara de Diputados, Paulo Pimenta.
Por su parte, los fiscales del Ministerio Público Federal en Curitiba también se expresaron en contra de la transferencia del expresidente y apuntaron que cualquier modificación debería esperar hasta que se de por terminada la instrucción criminal en las acciones penales que enfrenta.
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