Según Infobae, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI) demoraron a «Chiqui» Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, en el aeropuerto internacional JFK de Nueva York.
Según el medio digital, ocurrió minutos antes de emprender el regreso a la Argentina con parte del plantel de la Selección que disputó la última Copa del Mundo. La publicación sostiene que los agentes le solicitaron al dirigente sus celulares y sus dispositivos electrónicos. Otros medios confirmaron el hecho y aseguraron que las autoridades también s llevaron computadoras y teléfonos de otros integrantes de la comitiva que viajó a Buenos Aires el lunes pasado en un vuelo charter de Aerolíneas Argentinas
La AFA, mediante un comunicado firmado por el abogado Gregorio Dalbón, negó la información. “Es rotundamente falso”, indicó el letrado y agregó: “Ninguno de los episodios descriptos tuvo lugar”.
Más allá de los pormenores del operativo realizado en el aeropuerto de Nueva York, el procedimiento confirmaría que Tapia y otros dirigentes argentinos se encuentran bajo investigación del distrito sur de Florida. El caso se centra sobre la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA, apuntando a la empresa Tourprodenter, una sociedad registrada en Florida como agente comercial exclusivo de la AFA para acuerdos de patrocinio, amistosos y derechos de televisión.
Mientras corría la pelota, se investigaba
La investigación que habría derivado en la incautación de teléfonos y dispositivos electrónicos comenzó a tomar forma durante el Mundial. Mientras Claudio “Chiqui” Tapia y la cúpula de la AFA acompañaban a la Selección, agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia comenzaron a reconstruir las maniobras realizadas mediante la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la entidad. La investigación está encabezada por tres fiscales federales especializados en delitos económicos y financieros, quienes analizan operaciones que superan los 300 millones de dólares, e incluye un entramado de múltiples empresas de maletín, cuentas fantasma y una sucesión de transferencias de dinero.
En ese contexto, la incautación de los teléfonos, computadoras y otros dispositivos electrónicos de integrantes de la comitiva representa un nuevo salto institucional en la pesquisa. La medida permitiría preservar comunicaciones, archivos y registros digitales que puedan ser contrastados con los movimientos bancarios, la documentación societaria y los testimonios reunidos por las autoridades federales.