La medida fue presentada durante la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en un acto transmitido por la televisión estatal, donde Rodríguez describió la iniciativa como un paso hacia la reconciliación y convivencia nacional tras décadas de confrontación política.
La propuesta de ley buscará beneficiar a personas detenidas por motivos políticos desde 1999 hasta la actualidad, abarcando los gobiernos chavistas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Rodríguez aclaró que la amnistía no aplicará para condenados por homicidios, delitos relacionados con drogas ni violaciones graves de derechos humanos, según lo planteado ante la Asamblea Nacional, de mayoría chavista.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han recibido el anuncio con optimismo cauteloso, al señalar que es indispensable que la ley incluya transparencia, criterios claros y no quede como un acto simbólico sin aplicación efectiva. Foro Penal, por ejemplo, ha señalado que aún existen cientos de personas en prisión bajo causas políticas y que la libertad plena y sin restricciones es una condición clave.
EL HELICOIDE: SÍMBOLO DEL PASADO Y PROMESA DE FUTURO
El Helicoide, un edificio icónico de Caracas diseñado originalmente como centro comercial en los años 50 y que después se convirtió en sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), ha sido señalado por organismos internacionales de derechos humanos como escenario de violaciones y torturas contra detenidos políticos y opositores.

Rodríguez anunció que las instalaciones, actualmente un centro de detención, serán transformadas en un espacio social, deportivo, cultural y comercial destinado a la familia policial y a las comunidades cercanas. El anuncio se da en medio de un proceso de acercamientos con Estados Unidos, que también había instado al cierre de lo que calificó como una “cámara de torturas” en Caracas.
REACCIONES ENCONTRADAS Y CONTEXTO POLÍTICO
El anuncio se produce en un contexto de tensiones y expectativas. Desde inicios de enero se han registrado procesos de excarcelación de presos políticos, con cifras que varían según el organismo que las reporte, y en paralelo se han planteado llamados a democratizar y reformar el sistema judicial.
Familiares de detenidos políticos celebraron la medida con esperanza y emoción, aunque también han pedido garantías reales de libertad plena y no solo medidas parciales o condicionadas.
Críticos y sectores de la oposición han advertido que la propuesta podría servir para blindar impunidad sin reparar las violaciones de derechos cometidas y demandan que cualquier amnistía se acompañe de mecanismos de justicia y verdad.
LA RUTA LEGISLATIVA
La ley de amnistía será presentada ante la Asamblea Nacional para su debate y aprobación, un proceso que el gobierno espera que se concrete en los próximos días. Los analistas internacionales observan este movimiento como parte de negociaciones políticas más amplias y como un intento de restablecer la cooperación con actores externos, incluyendo Estados Unidos.
Este anuncio abre un capítulo clave en la política venezolana, con implicaciones profundas en materia de derechos humanos, justicia, reconciliación y memoria histórica en un país marcado por décadas de polarización y conflicto político.