Bolivia vive días convulsos en el corazón de su frágil economía. Miles de choferes protagonizaron una masiva marcha el miércoles en demanda de soluciones a la escasez de combustibles, uno de los efectos más visibles de la crisis monetaria que golpea al país desde 2023. Las protestas se suman a los bloqueos de rutas impulsados por campesinos vinculados al expresidente Evo Morales, en una escalada de tensiones que amenaza con paralizar el país.
La crisis tiene su origen en la persistente falta de dólares, que ha obligado al gobierno del presidente Luis Arce a agotar casi por completo las reservas internacionales líquidas del Banco Central. Estos fondos son clave para importar hidrocarburos, cuya venta en el mercado interno está altamente subsidiada por el Estado.
En consecuencia, las estaciones de servicio en todo el país registran largas colas desde hace semanas, especialmente en las regiones del altiplano y del oriente. Según datos oficiales de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la demanda diaria de diésel alcanza los siete millones de litros, mientras que la de gasolina ronda los seis millones. Pese a los esfuerzos de la estatal YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), el abastecimiento sigue sin normalizarse.
Un conflicto que trasciende lo económico
Pero el problema no se limita al combustible. La escasez de dólares ha generado distorsiones en el comercio, restricciones a las importaciones, inflación contenida y creciente malestar social. El modelo de subsidios, que durante años fue sostenido por una bonanza exportadora y el endeudamiento externo, muestra signos de agotamiento.
El lunes, organizaciones campesinas cercanas a Evo Morales, líder cocalero y exmandatario, iniciaron bloqueos de carreteras en el centro del país. Morales acusa al presidente Arce, su antiguo aliado político, de manipular las instituciones para inhibir su candidatura presidencial y de conducir al país a una “quiebra económica”. La confrontación entre ambos dirigentes del MAS (Movimiento al Socialismo) ha fragmentado al oficialismo y tensiona aún más el escenario preelectoral.
Riesgos de mayor inestabilidad
En este contexto, la presión social va en aumento. Los sectores productivos alertan sobre el impacto económico de los bloqueos, que impiden el tránsito de mercancías y personas. En paralelo, el descontento popular se extiende a gremios laborales y sectores urbanos afectados por el desabastecimiento.
Mientras tanto, el gobierno intenta mantener la calma y promete soluciones logísticas y financieras para garantizar el suministro de combustibles. Sin embargo, las medidas parecen insuficientes frente a un problema estructural que combina debilidad fiscal, crisis cambiaria y tensiones políticas.
Con el país atrapado entre la escasez y la confrontación interna, Bolivia enfrenta semanas decisivas. Las protestas en las calles y los bloqueos en las rutas son solo síntomas de una crisis más profunda, que podría marcar el rumbo del país en el corto y mediano plazo.
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