La situación procesal y médica del exgobernador del Departamento Central, Hugo Javier González, coloca a la justicia paraguaya en una encrucijada entre el rigor de la norma y el principio de la dignidad humana.
A pesar de que legalmente no cumple con los requisitos estrictos para acceder a la prisión domiciliaria —al no alcanzar la franja de edad de 60 años con condenas menores a tres años ni la de 70 años—, el juez de Ejecución Penal, Dr. Carlos Mendoza, estudia otorgar la medida fundamentado en razones humanitarias y en la responsabilidad del Estado de garantizar la vida y salud del recluso.
González, quien purga una condena privativa de libertad, sufrió un grave quebranto de salud que obligó a su internación hospitalaria durante un mes. Aunque actualmente muestra un avance en su recuperación (estimado en un 90% por el magistrado), persiste un cuadro de inestabilidad física y secuelas de movilidad que requieren cuidados continuos en un entorno seguro.
EL PELIGRO DEL VIRUS HOSPITALARIO Y LAS FALENCIAS DEL SISTEMA
Según explicó el juez Mendoza, mantener al recluso en el centro asistencial se ha convertido en un factor de riesgo debido a las infecciones intrahospitalarias. Al mismo tiempo, devolverlo al centro penitenciario La Esperanza tampoco resulta viabilidad lógica, dado que la institución carece del personal y la infraestructura médica necesaria para asistir a un interno que no puede valerse por sí mismo.
“El Estado es garante de su salud. De qué sirve que el Estado lo tenga ingresado en un hospital si al final un virus intrahospitalario es lo que le va a costar la vida”, sostuvo el magistrado.
Para sortear esta aparente laguna del sistema, Mendoza apela a la integración de normas, sustentándose en tratados internacionales sobre derechos humanos y en la Constitución Nacional, por encima de los requisitos rígidos del Código Procesal.
DISPUTA FAMILIAR Y RESOLUCIÓN INMINENTE
Un punto pendiente para definir el destino del exgobernador radica en el entorno donde cumplirá la medida. Existen dos posturas dentro de su círculo cercano: por un lado, la solicitud formal presentada por su pareja para recibirlo en su domicilio; por el otro, la intención de su madre, de 83 años, de acogerlo en su residencia.
Actualmente, el juzgado se encuentra a la espera del diligenciamiento de un informe socioambiental y de verificación del inmueble en el departamento de Cordillera. Tras la recepción de dicho documento, estimada en el transcurso de las próximas horas, el juez dictará la resolución definitiva.
Mendoza concluyó enfatizando que la privación de libertad priva la locomoción, pero jamás la dignidad humana, e hizo un llamado a la Fiscalía a acompañar el fallo con criterio humanitario para evitar la revocación de la medida.
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