Pane explicó este viernes al programa “A paso firme”, emitido por RCC Radio, que acudieron al lugar de manera pacífica para respaldar a Ángela Zárate y reclamar que los procesos judiciales avancen con sanciones efectivas para quienes sean encontrados responsables.
La dirigente cuestionó especialmente el otorgamiento de medidas alternativas a la prisión, al considerar que estas decisiones terminan perjudicando a las víctimas y favoreciendo a quienes presuntamente participaron de los hechos investigados. “Hay gente que está viviendo en la pobreza, en la indigencia, pasando necesidades, mientras ellos están saliendo con medidas alternativas”, afirmó.
Pane sostuvo que “Vanessa y Asociados” es una de las empresas que concentra un mayor número de víctimas dentro de las denuncias que acompaña la organización. Afirmó que la firma habría operado juntamente con la abogada Zully Ortiz en distintos juzgados, mencionando jurisdicciones como Benjamín Aceval, Villa Hayes y Mariano Roque Alonso.
Según relató, entre las situaciones denunciadas aparecen casos de doble cobro, pagarés presuntamente adulterados y montos que habrían sido incrementados de manera desproporcionada respecto de los préstamos originales.
La dirigente señaló que entre las personas afectadas se encuentran docentes, trabajadores de la salud y policías, quienes, según su denuncia, habrían accedido a préstamos de montos relativamente pequeños y posteriormente enfrentados reclamos judiciales por sumas que podían multiplicar varias veces el valor originalmente recibido.
HAY 17.000 VÍCTIMAS, PERO POCOS DENUNCIAN
Uno de los principales reclamos de Pane apunta a la necesidad de que las personas afectadas formalicen sus denuncias. Afirmó que la cifra de víctimas que manejan llega a aproximadamente 17.000 personas, aunque reconoció que son muchas menos las que se animan a recurrir formalmente ante las autoridades.
En ese sentido, consideró fundamental visibilizar el perjuicio económico y social generado por este tipo de casos, especialmente porque muchas familias terminan enfrentando embargos, descuentos y procesos judiciales que, según las denuncias, pueden comprometer seriamente sus ingresos.
Pane también reveló que ella misma fue víctima de este tipo de situaciones, aunque adelantó que en otra oportunidad expondrá públicamente los detalles de su experiencia.
RECLAMO CONTRA LOS SOBRESEIMIENTOS Y LAS CONDENAS LEVES
La vocera sostuvo que otro de los objetivos de la movilización es evitar que las investigaciones terminen en sobreseimientos o sanciones que las víctimas consideran insuficientes.
“Ya no queremos permitir que las sentencias sean leves”, manifestó, al señalar que la organización continuará acompañando los procesos judiciales y reclamando respuestas para las personas afectadas.
Respecto al juicio de Ángela Zárate, Pane aclaró que no conoce en profundidad todos los detalles de la causa ni la totalidad de los testigos presentados por la víctima, por lo que evitó atribuirle hechos específicos que no pudo verificar personalmente.
Sin embargo, destacó que la presencia de las víctimas y sus organizaciones busca mantener visible una problemática que, según denuncian, afecta a miles de personas y que requiere una respuesta firme de la Justicia.
El reclamo de fondo es que las investigaciones no se limiten a casos individuales, sino que permitan determinar cómo operaba la presunta estructura, quiénes participaron, qué mecanismos fueron utilizados y cuál fue el perjuicio real provocado a las víctimas.
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