Mediante un comunicado oficial suscrito por la FEPRINCO, la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Unión de Gremios del Paraguay (UGP), la Cámara Nacional de Comercios y Servicios del Paraguay (CNCSP) y la Federación de Cooperativas de Producción (FECOPROD) manifestaron sus condolencias para los familiares de las víctimas de violencia criminal durante el sicariato ocurrido en la ciudad de San Bernardino recientemente.
Así mismo expresaron su más enérgico repudio a la normalización de la violencia basada en la ausencia del ESTADO en la gestión de la seguridad, y solicitan que las autoridades en la brevedad den curso a:
1. Instalar y poner en operación los radares necesarios para el control del espacio aéreo de nuestro país.
2. Aprobar la Ley de derribo de aviones, actualmente en tratamiento del Poder Legislativo.
3. Dotar y poner en operación los aviones y el centro operativo para el control de nuestro espacio aéreo.
4. Instalar y poner en operación los escáneres de contenedores en todos los puertos de exportación.
5. Habilitar las cárceles ya construidas, especialmente las de alta seguridad y dotarlas con los equipamientos necesarios para su operación de acuerdo a los nuevos tiempos. Llevar adelante la reforma del Sistema Penitenciario.
6. Estudiar y aprobar con la urgencia necesaria un proyecto de ley de endurecimiento de las penas del crimen por sicariato.
7. Controlar y evitar el ingreso de mercaderías de contrabando e ilegales al país y endurecer las penas para los contrabandistas.
8. Las acciones que sean necesarias para un combate más efectivo al narco negocio en todas sus formas, el tráfico, el crimen y la delincuencia. Necesitamos que la SEPRELAD, la Fiscalía y la Justicia obtengan resultados medibles con los grandes lavadores, no solo con los ciudadanos de a pie que realizan trámites en entidades financieras de plaza.
9. Poner al frente de las instituciones encargadas de velar por la seguridad a las personas que puedan llevar adelante el combate efectivo a estos flagelos generar la transformación que las instituciones de seguridad necesitan para devolver la paz y la confianza a la ciudadanía.
10. Cumplir y hacer cumplir la ley de financiamiento político, que contemple sanciones donde se incluyan la imposibilidad de postularse a quienes no cumplan con la ley.
La violencia, de cualquier forma y en cualquier lugar de la Republica, no es compatible con nuestro modo de vida, la ciudadanía en todas sus manifestaciones clama por la acción del Estado, de los tres poderes y espera de ellos las acciones que sancionen a los que violan las leyes y devuelvan la paz a nuestra diaria convivencia.
No pueden existir dos sociedades, una que resuelve sus asuntos por medio de la violencia brutal, donde quiere y cuando quiere y otra que trabaja, produce y se ampara a la luz de las leyes y las fuerzas públicas para llevar el pan y el sustento con honestidad a sus hogares. Necesariamente la convivencia requiere de leyes para todos y el monopolio del uso de la violencia física limitado, como lo dice la ley fundamental de la Republica, a las instituciones públicas.
Como dirigentes gremiales y conciudadanos que compartimos los mismos destinos, además de estas acciones urgentes, creemos necesario que nuestras autoridades se comprometan con la sociedad con la ejecución de un plan a mediano y largo plazo para combatir al narco negocio, el tráfico, al crimen organizado y a la delincuencia en todas sus formas.
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