En una conjugación perfecta de inseguridad jurídica que incluye al MAG, INDERT, Congreso Nacional, algunos Fiscales y Jueces y varias ONGs se ha “normalizado” la irrupción a predios explotados racionalmente por propietarios que lejos de ser el modelo de “terrateniente” en la acepción peyorativa del término ha perjudicado a pequeños agricultores y hasta a descendientes de los veteranos de la guerra del Chaco quienes en su momento fueron legítimamente respaldados por el Estado con la concesión de tierras para rehacer sus vidas luego del tremendo sacrificio que hicieron para la defensa de la Patria.
Hoy aparecen nuevos grupos de “víctimas” como las comunidades de pueblos indígenas que son manipuladas por inescrupulosos líderes políticos que van desde miembros de juntas municipales hasta Senadores de la Nación quienes “interpretan” la constitución en base a las necesidades — que pueden ser legítimas muchas veces — pero por fuera del texto constitucional y de las leyes vigentes en la República para ir con connivencia de funcionarios públicos no solo a ocupar propiedades ajenas sino impedir las actividades productivas de sus legítimos propietarios.
Es decir, la violación a los derechos de los propietarios es doble, por un lado el secuestro de los bienes de los verdaderos damnificados y la imposición de un esquema de “prohibición” deliberada de las actividades de producción lo cual no soluciona el problema a los manipulados indígenas y campesinos (ya que no existe crédito ni asistencia técnica para los mismos) y genera nuevos pobres (los trabajadores expulsados de sus unidades de producción). El resultado es predecible: nuevos pobres que se suman a los que ya existían.
A la vista queda la falsedad de la supuesta solución ofrecida por el populismo. Pero no es una falacia que ellos desconozcan: la proliferación de los pobres beneficia a la politiquería tradicional.
Otorgar lo que corresponde como derecho a los ciudadanos en forma de “regalo” o “favor” es una excelente inversión en votos a futuro. De las 11 millones de hectáreas que ha repartido la reforma agraria, son escasas las comunidades que han florecido como centros de producción.
Curiosamente estos casos de éxito no han basado su modelo productivo en la sola tenencia de la tierra, sino en la implementación de tecnología, inversión en capacitación y en la diversificación de sus cultivos, elementos estos últimos que son intencionalmente denegados por el estado para las colonias de agricultores que se encuentran en esa línea de producción para seguir otorgando asistencialismo a las precarias comunidades que se debaten en la miseria al costado de las rutas o establecimientos, como si fuera ese un modelo viable de desarrollo y de vida.
Las penas, los procesos y las imputaciones deben ir no exclusivamente a los invasores sino a quienes los instigan. A aquellos políticos y funcionarios que los invitan a tomar lo ajeno (nunca lo propio) como si ese derecho surgiera de la simple interpretación de estos últimos y no de la Constitución y leyes vigentes. Respetar las leyes no fue suficiente. Ahora hay que cambiarlo
Dejá tu comentario