De acuerdo con el expediente legislativo, el proyecto fue presentado por el diputado José Rodríguez en enero de 2025 y plantea restricciones para estudiantes de instituciones públicas, privadas y privadas subvencionadas. La iniciativa ya atravesó las etapas de Diputados y Senado y regresó a la Cámara de origen con modificaciones.
El texto establece que los estudiantes no podrán utilizar teléfonos celulares, relojes inteligentes, tabletas ni auriculares inalámbricos dentro de las áreas escolares, sin importar el horario o la circunstancia. La prohibición también alcanza a quienes acompañan los procesos educativos, según sus funciones dentro de las instituciones.
La medida contempla, sin embargo, tres excepciones: situaciones de emergencia médica o de seguridad autorizadas por la institución; actividades pedagógicas previamente planificadas y supervisadas por docentes, con autorización de la dirección; y el uso de dispositivos como apoyo para estudiantes con discapacidad.
El proyecto también establece responsabilidades para las instituciones educativas y prevé la participación de las familias en los procesos disciplinarios. En la versión analizada por Diputados se contemplaban medidas como el retiro temporal del dispositivo y su posterior entrega a los padres o tutores, además de otras acciones ante casos de reincidencia.
UN PROYECTO QUE CAMBIÓ DURANTE SU RECORRIDO
La iniciativa tuvo un recorrido prolongado en el Congreso. Ingresó a Diputados el 17 de enero de 2025 y fue aprobada en general en diciembre de ese año. En marzo de 2026, la Cámara Baja aprobó el texto en particular y lo remitió al Senado.
En junio, el Senado introdujo modificaciones. Incluso cambió el enfoque del título de la propuesta, pasando de una idea de “prohibición total” a una de “restricción” del uso de dispositivos electrónicos. Los senadores argumentaron que la intención no era rechazar la tecnología, sino establecer criterios para que su utilización tenga pertinencia educativa.
El debate mostró además posiciones diferentes. Mientras algunos legisladores señalaron que el uso indiscriminado de dispositivos afecta la atención y la concentración, otros sostuvieron que la cuestión podría ser regulada mediante disposiciones del Ministerio de Educación, sin necesidad de una nueva ley.
El tema tampoco nació exclusivamente en el Congreso. En diciembre de 2025, el Poder Ejecutivo presentó su propio proyecto para regular los celulares en las escuelas, argumentando que el uso irrestricto podía afectar el aprendizaje, la concentración y la salud mental de niños y adolescentes. La propuesta oficial contemplaba el uso pedagógico bajo supervisión docente y excepciones por salud, inclusión y accesibilidad.
Así, el proyecto que ahora podría recibir sanción ficta es el resultado de un proceso legislativo que comenzó hace más de un año y que incorporó modificaciones tanto en Diputados como en el Senado.
Con la falta de tratamiento en la sesión del miércoles, el plazo vence este viernes 25 de setiembre. Si se produce la sanción automática, el siguiente paso será el Poder Ejecutivo, que deberá decidir si promulga o veta la normativa.
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