Desde semanas antes del primer examen, la controversia comenzó con la emisión de un comunicado que prohibía el uso de calculadoras, dejando en jaque a aquellos que se habían preparado con cursillos y estudios particulares que, de repente, parecían casi inservibles.
El día del examen, el desorden se apoderó de las aulas. Las indicaciones para comenzar se retrasaron, y una vez iniciado el examen, los postulantes se enfrentaron a respuestas inconsistentes de los profesores encargados. Además, se reveló sorpresivamente un aumento del 100% en el número de preguntas, pasando de 20 a 40, sin previo aviso.
Las quejas de los afectados se vieron empañadas por la censura de la gobernación, que borró comentarios y bloqueó a quienes expresaron sus preocupaciones en las redes sociales. La falta de transparencia se acentuó al no publicarse el número de becas que la gobernación planeaba otorgar, generando un ambiente de desconfianza.
El 26 de enero, la situación alcanzó su punto álgido con la publicación de notas plagadas de errores notorios en las respuestas de las materias de Castellano y Matemáticas. Estos errores, sumados a la prohibición de calculadoras y el aumento en el porcentaje de aprobación, han desatado una ola de indignación entre los afectados.
Sin embargo, lo más grave del caso ha salido a la luz con pruebas que sugieren que la gobernación permitió la participación de hijos de profesores examinadores en las mismas aulas, generando un cuestionamiento sobre la integridad del proceso y alegaciones de favoritismo.
Ante este escándalo, se exige una respuesta inmediata de las autoridades. Los afectados piden un análisis completo de lo sucedido, la publicación de los exámenes para revisión por profesionales y la reconsideración de los criterios de aprobación, considerando la baja cantidad de beneficiarios en comparación con años anteriores.
Este escándalo en el proceso de becas de la Gobernación Central no solo afecta a los 1.900 postulantes, sino que también plantea interrogantes sobre la transparencia y la equidad en la administración de programas educativos esenciales para el futuro de la sociedad. La atención nacional se centra ahora en cómo las autoridades abordarán estas serias alegaciones de irregularidades.
Dejá tu comentario