En conversación con RCC Radio, el titular del MEC llamó a la conciliación y al diálogo, pero fue enfático al señalar que no existe un “plan B” realista si las escuelas no abren sus puertas en la fecha establecida. “Mover esta enorme maquinaria que es el sistema educativo paraguayo sin los maestros es prácticamente imposible”, sostuvo.
Ramírez pidió evitar generalizaciones y aclaró que no todos los docentes rechazan la reforma previsional. Explicó que existe un sector del magisterio —principalmente docentes próximos a jubilarse— que manifiesta preocupación, mientras que otros ven con buenos ojos los cambios, al considerar que son necesarios para garantizar la sostenibilidad de la Caja Fiscal.
“El déficit pone en riesgo la continuidad del sistema. Hay docentes ya jubilados para quienes esta reforma es clave para seguir cobrando”, señaló. En ese sentido, indicó que uno de los puntos centrales de conversación con los gremios debe ser cómo generar incentivos para los maestros que están a pocos años de jubilarse, a fin de que puedan mantenerse dentro del sistema con condiciones adecuadas.
SIN CLASES, NO HAY REEMPLAZO POSIBLE
Consultado sobre alternativas ante un eventual no inicio de clases, el ministro fue categórico: no existen condiciones materiales ni humanas para suplir a los docentes en huelga. Detalló que contratar reemplazos implicaría incorporar a unos 80.000 maestros, algo inviable, y que la virtualidad tampoco es una solución inmediata, considerando que solo 3.500 de las 6.800 instituciones educativas del país cuentan con conectividad adecuada.
“Además, la tecnología sin un docente que guíe el proceso no funciona. Si los directores no abren las escuelas, no hay forma de operar”, advirtió, subrayando que cualquier medida alternativa solo podría ser parcial y muy limitada.
CONSECUENCIAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS
Ramírez aclaró que el MEC no busca amenazar ni confrontar, pero recordó que el Estado está obligado a aplicar la ley. Si una huelga es declarada ilegal por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación deberá proceder conforme a la normativa vigente, lo que incluye descuentos salariales por días no trabajados. “No es una decisión política ni discrecional. Así funciona el Estado, y los docentes lo saben”, puntualizó.
Ante críticas de gremios que afirman no haber sido escuchados, el ministro afirmó que el proceso de discusión fue amplio y transparente, con más de 18 audiencias públicas y múltiples reuniones técnicas y políticas. Reconoció, sin embargo, que el resultado del debate puede no satisfacer a todos los sectores. “Decir que no hubo diálogo no es correcto. Lo que ocurre es que a algunos no les gusta el resultado, y eso es válido, pero no implica que no se haya debatido”, remarcó.
UN SISTEMA EDUCATIVO CON DESAFÍOS ESTRUCTURALES
Más allá del conflicto coyuntural, Ramírez describió un sistema educativo con problemas acumulados durante décadas. Reveló que siete de cada diez docentes no superan evaluaciones de comprensión, una cifra similar a la registrada entre los estudiantes, lo que llevó al MEC a reforzar los procesos de capacitación docente, que ya alcanzan a más de un tercio del plantel.
También mencionó la grave precariedad de la infraestructura escolar, tras 20 años sin mantenimiento sistemático, y la existencia de miles de escuelas con muy baja matrícula, donde incluso hay más docentes que alumnos, lo que obliga a replantear la organización del sistema.
HAMBRE CERO, OTRO PROGRAMA EN RIESGO
El ministro advirtió que un retraso en el inicio de clases afectaría directamente la implementación del programa Hambre Cero, que garantiza alimentación escolar y cuya cobertura elevó la asistencia en zonas vulnerables del 56% al 98%.
“Para muchas familias, la escuela es también el lugar donde los niños acceden a su desayuno y almuerzo. Un inicio tardío pone eso en riesgo”, afirmó, anunciando reuniones interinstitucionales para analizar planes de contingencia.
Ramírez insistió en que el camino debe ser el diálogo responsable, sin mezclar reivindicaciones legítimas con medidas que terminen perjudicando a los niños. “Tenemos que encontrar soluciones sin sacrificar el derecho a la educación”, concluyó.
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