Al respecto, el presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Rafael Resquín, sostuvo que la movilización refleja “una sola voz” de los trabajadores estatales contra una iniciativa que, según afirmó, atropella la Constitución Nacional, desconoce derechos adquiridos y profundiza la precarización laboral, particularmente en el ámbito educativo.
Señaló que uno de los principales motivos del rechazo es que el proyecto viola el artículo 103 de la Constitución Nacional, que protege el régimen jubilatorio y los derechos previsionales. Añadió que a ello se suma la falta de asunción de responsabilidades por parte del Estado en el déficit de la Caja Fiscal.
“Reconocemos que existe un déficit, pero no aceptamos que se pretenda resolverlo trasladando el peso exclusivamente sobre los trabajadores”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que el Gobierno no ataca las causas estructurales del problema, como la mala administración histórica, la falta de aportes estatales y decisiones políticas erradas.
EL IMPACTO ESPECÍFICO EN LA DOCENCIA
El titular de la UNE fue enfático al describir el impacto que la reforma tendría sobre el sector docente. Consideró “impensable” que un maestro o profesor de 60 o más años continúe al frente de aulas con niños y adolescentes, dadas las exigencias físicas, emocionales y psicológicas de la profesión.
“La docencia no es un trabajo mecánico. Trabajamos con la mente humana, con niños y jóvenes, y se nos exige no solo enseñar, sino formar y transformar personas”, expresó. Añadió que, tras 20 o 25 años de servicio, muchos docentes presentan agotamiento físico, estrés crónico, depresión o ansiedad, sin que el Estado haya realizado estudios serios sobre la salud mental del magisterio.
Resquín rechazó además lo que calificó como una campaña mediática engañosa, que instala la idea de que los docentes se jubilan a edades tempranas. Explicó que hoy el ingreso a la carrera docente se da recién entre los 24 y 26 años, luego de una formación universitaria y concursos públicos, por lo que una jubilación tras 25 o 27 años de aporte se produce recién a los 50 o 52 años, no antes.
FALTA DE DIÁLOGO Y EXCLUSIÓN DE LOS EDUCADORES
Otro de los puntos centrales del reclamo es la ausencia de diálogo real. Los gremios exigen la conformación de una mesa técnica de trabajo, con participación directa de los educadores, para discutir una reforma integral y justa del sistema jubilatorio.
“Los planes se diseñan desde grandes consultorías millonarias, alejadas de la realidad del aula”, cuestionó Resquín, al tiempo de criticar que el Estado invierta recursos en asesorías externas mientras traslada a los propios docentes el costo de su capacitación profesional, algo que —remarcó— debería ser una obligación del empleador.
CONDICIONES LABORALES, VIOLENCIA Y RIESGOS EN LAS AULAS
El dirigente sindical también alertó sobre el deterioro de las condiciones laborales, señalando que la docencia se ha convertido en un trabajo cada vez más complejo y peligroso. Denunció casos de agresiones físicas, amenazas e incluso asesinatos de docentes en el ejercicio de sus funciones, además de la sobrecarga que implica atender a estudiantes con diversas necesidades sin el acompañamiento ni la capacitación adecuada.
“Todo esto no es tenido en cuenta cuando se pretende alargar la vida laboral del docente. Acá no solo está en juego la jubilación, sino el futuro de la educación paraguaya”, advirtió.
ADVERTENCIA DE MEDIDAS DE FUERZA
Resquín confirmó que los gremios ya presentaron una contrapropuesta ante instancias legislativas y esperan una respuesta del Gobierno. No obstante, advirtió que, si el proyecto avanza de manera unilateral, el sector está dispuesto a endurecer las medidas de protesta, incluso no iniciar las clases, hasta ser escuchado. “Si el Gobierno quiere resolver el problema, debe convocarnos de inmediato. De lo contrario, los docentes estamos preparados para continuar la lucha”, concluyó.
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