Espínola explicó que la OTEP-A forma parte de la mesa de unidad sindical del Magisterio Nacional, que agrupa a distintas organizaciones docentes y mantiene coordinación con el sector universitario. Según indicó, la postura mayoritaria del sector es de rechazo al proyecto tal como está planteado, aunque no descartan debatir cambios estructurales al sistema.
Uno de los principales puntos de crítica es la edad de jubilación propuesta para el magisterio. De acuerdo con Espínola, el proyecto fija los 57 años como base para una jubilación extraordinaria, lo que permitiría alcanzar apenas un 78% del haber, mientras que para llegar al 100% de la jubilación ordinaria los docentes deberían tener 62 años.
“Para nosotros, la edad planteada no es sustentable”, afirmó el dirigente, quien sostuvo que el proyecto establece criterios desiguales entre sectores del Estado. En ese sentido, comparó la situación del magisterio con la de las fuerzas públicas, que también acceden a jubilaciones extraordinarias, pero desde los 20 años de servicio, sin una edad base definida como en el caso de los docentes.
RECHAZO A QUE LA REFORMA RECAIGA SOLO EN LOS TRABAJADORES
Espínola aclaró que el magisterio no se opone a discutir reformas, como los años de servicio, los porcentajes de retorno o los mecanismos de cálculo, pero subrayó que no aceptarán que la reforma se haga “sobre la espalda de los trabajadores”.
Uno de los puntos más cuestionados es el aumento del aporte personal, que pasaría del 16% al 19%, mientras que el Estado aportaría un 3% adicional. Según el dirigente, en un sistema de reparto solidario la seguridad social debe sostenerse sobre tres pilares: el aporte del trabajador, el de la patronal y el del Estado.
“En este esquema no aparece claramente la patronal. El Estado no puede diluir su responsabilidad, porque la jubilación es un derecho humano y una obligación estatal”, sostuvo.
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y COMPROMISOS INTERNACIONALES
Espínola recordó que la Constitución Nacional define a Paraguay como un Estado social de derecho, lo que implica que el Estado debe garantizar derechos fundamentales como la jubilación. Además, mencionó que el país ratificó en 2021 un convenio internacional de seguridad social, mediante el cual el Estado asume la responsabilidad financiera de asegurar el pago de los haberes jubilatorios.
El dirigente reconoció la existencia de un déficit en la Caja Fiscal, pero explicó que este se debe a que históricamente el sistema contó con una sola fuente de aporte y a factores como el crecimiento poblacional, las diferencias salariales y el aumento de la expectativa de vida.
También señaló que el déficit de las fuerzas públicas se cubre con impuestos de toda la ciudadanía, mientras que el déficit del magisterio se compensa con el superávit generado por otros funcionarios públicos, principalmente de la Administración Central, donde hay muchos más aportantes que jubilados.
Espínola recordó que esos fondos superavitarios incluso fueron utilizados en el pasado para comprar bonos del Tesoro y realizar inversiones financieras, lo que demuestra —según dijo— que una Caja Fiscal bien administrada puede ser rentable y sostenible en el tiempo.
AUDIENCIAS PÚBLICAS Y ADVERTENCIA SOBRE EL INICIO DE CLASES
Consultado sobre las audiencias públicas en el Congreso, Espínola fue crítico y afirmó que “ya no sirven” si no derivan en una mesa real de negociación entre trabajadores, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo.
Advirtió además que el tema es sensible y que, de no haber una definición consensuada antes del 23 de febrero, el inicio de clases podría verse afectado. “Si mañana fuera 23 de febrero, mañana no empezarían las clases”, afirmó.
RECLAMO DE DIÁLOGO Y CRÍTICAS AL TRASFONDO DEL PROYECTO
Finalmente, Espínola sostuvo que la reforma responde a compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), vinculados a la liberación de 600 millones de dólares, y advirtió que la iniciativa, tal como está planteada, no resolvería el problema de fondo y trasladaría la crisis a futuros gobiernos.
Desde la OTEP-A insisten en la necesidad de una transformación integral del sistema previsional, con mayor aporte estatal y reglas equitativas, que permita garantizar la sostenibilidad de la Caja Fiscal a largo plazo.
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