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ANEAES plantea auditar títulos de funcionarios y poner bajo la lupa toda la cadena de registro

El escándalo de los títulos universitarios presuntamente irregulares vuelve a poner en tela de juicio el acceso a cargos públicos y, esta vez, la propuesta apunta a revisar las credenciales académicas de quienes ejercen funciones dentro del Estado.

Julio Fleitas por Julio Fleitas
30/09/2026
en Educación
ANEAES plantea auditar títulos de funcionarios y poner bajo la lupa toda la cadena de registro
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Al respecto, en entrevista con RCC Radio este miércoles, el presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), José Duarte Penayo, anunció que impulsará ante la Comisión de Educación del Senado una iniciativa para establecer mecanismos de trazabilidad y control de las titulaciones, con especial atención inicial a quienes ocupan cargos de responsabilidad pública.

La propuesta surge tras la condena del exsenador Hernán Rivas a ocho años de prisión por delitos vinculados a la producción y utilización de documentos públicos de contenido falso. Su caso puso en evidencia las consecuencias que puede tener un título cuestionado cuando es utilizado para acceder a posiciones de alta responsabilidad.

Duarte Penayo sostuvo, en entrevista con RCC Radio, que una eventual revisión debería comenzar por cargos en los que la titulación es un requisito indispensable, como determinadas jefaturas del área de salud, donde se exige contar con títulos de medicina, enfermería, kinesiología y otras profesiones.

El planteamiento no necesariamente supone auditar de manera indiscriminada todos los diplomas existentes. El titular de la ANEAES explicó que el primer paso podría ser cruzar los registros oficiales de carreras habilitadas con los registros de títulos, especialmente en aquellas profesiones que están obligadas legalmente a someterse a procesos de evaluación y acreditación. “Empezar por ahí nada más, por ese cruce”, planteó Duarte Penayo.

MÁS DE 100.000 TÍTULOS EN CARRERAS NO ACREDITADAS

La preocupación no se limita al caso Rivas. Duarte recordó que la ANEAES había presentado un informe en el que identificó más de 100.000 títulos registrados durante los últimos tres años correspondientes a carreras no acreditadas. El organismo advirtió que muchas de esas carreras estaban obligadas a pasar por procesos de acreditación.

A esto se suma ahora un informe de la Contraloría que, según documentos difundidos este miércoles, detectó más de 453.000 movimientos sospechosos en el sistema del MEC entre 2023 y 2026, incluso operaciones realizadas en días no laborables. La cifra supera ampliamente los 130.000 movimientos irregulares detectados previamente por una auditoría parcial del Ministerio.

La Contraloría también detectó otras anomalías, entre ellas miles de registros asociados a cédulas de personas fallecidas y claves de exfuncionarios que permanecieron activas durante años. Estos datos colocan el problema en una dimensión mucho mayor que un caso individual.

EL PUNTO CRÍTICO: ¿QUIÉN CONTROLA AL QUE REGISTRA?

Uno de los aspectos más delicados señalados por Duarte Penayo es la necesidad de revisar toda la cadena que permite que un título llegue a ser registrado oficialmente.

El presidente de la ANEAES planteó que no basta con investigar a quien presenta un diploma presuntamente falso o a la universidad que lo expidió. También debe determinarse cómo ese documento consiguió atravesar los controles estatales y terminar incorporado a los registros oficiales.

En ese sentido, propuso revisar la conexión entre el registro de carreras habilitadas por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) y el registro de títulos administrado por el Ministerio de Educación.

El caso de la Universidad Sudamericana resulta ilustrativo. Según antecedentes expuestos por Duarte Penayo durante el juicio de Rivas, la carrera de Derecho de esa institución no figuraba en el catastro del CONES y una intervención posterior concluyó que no existían evidencias de una implementación efectiva de la carrera.

La pregunta que queda planteada, por tanto, no es solamente cómo se obtuvo un título irregular, sino cómo pudo llegar a ser registrado oficialmente y qué controles fallaron en el camino.

TAMBIÉN ESTÁN BAJO DISCUSIÓN LAS UNIVERSIDADES

La eventual auditoría debería alcanzar igualmente a las instituciones de educación superior involucradas en casos irregulares.

Duarte Penayo sostuvo que no puede analizarse únicamente la responsabilidad de quien utiliza un título cuestionado. También corresponde determinar las responsabilidades de quienes emitieron, tramitaron o permitieron registrar documentación sin respaldo académico suficiente.

En el caso de la Universidad Sudamericana, las carreras de Derecho cuestionadas fueron intervenidas y clausuradas en su momento. El titular de la ANEAES aclaró que la institución actualmente tiene otra administración y que la situación académica actual debe diferenciarse de las actuaciones de gestiones anteriores.

La Fiscalía, además, ya abrió una investigación penal sobre presuntas irregularidades vinculadas a títulos académicos y conformó un equipo fiscal para determinar eventuales responsabilidades.

TÍTULOS EXTRANJEROS TAMBIÉN PODRÍAN SER CONTROLADOS

La propuesta podría alcanzar a los títulos obtenidos en el extranjero cuando son utilizados para cumplir requisitos profesionales dentro del Estado.

Duarte explicó que esos diplomas deben pasar previamente por un proceso de reconocimiento y, posteriormente, ser registrados. Por ello, verificar la existencia de ese reconocimiento constituiría un mecanismo relativamente sencillo para detectar eventuales irregularidades.

El funcionario aclaró que la exigencia cambia cuando se trata del sector privado y de profesiones que no están reguladas. En cambio, para determinados cargos públicos, concursos y profesiones reguladas, el cumplimiento de los requisitos académicos resulta indispensable.

UNA REFORMA QUE NECESITA DECISIÓN POLÍTICA

Duarte Penayo fue claro en un punto: la ANEAES puede proponer, aportar información y elaborar informes técnicos, pero no puede por sí sola ejecutar una auditoría general de los títulos registrados en el Estado.

La iniciativa necesita respaldo del Congreso y la participación de las instituciones responsables del registro y control de los títulos. De hecho, el Senado ya cuenta con una Comisión Especial de Investigación sobre títulos académicos presuntamente falsos o irregulares y suscribió un convenio con la Contraloría para fortalecer el intercambio de información y la investigación.

El desafío, por tanto, pasa de las declaraciones a los controles concretos: verificar qué carreras estaban habilitadas, qué títulos fueron emitidos, quiénes los registraron, qué funcionarios intervinieron y qué controles permitieron que documentos cuestionados ingresaran al sistema oficial.

Después del caso Rivas y de las nuevas revelaciones de la Contraloría, la discusión ya no gira solamente en torno a un título falso. La pregunta de fondo es si el Estado tiene un sistema capaz de garantizar que un diploma registrado oficialmente corresponda realmente a una formación académica que existió y fue cumplida.

 

Julio Fleitas

Julio Fleitas

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